La punta de lanza para que comience un crecimiento económico en Venezuela es a través de mejorar el salario. A esa conclusión llegaron economistas, industriales y trabajadores sindicales, después de debatir por horas en un foro realizado ayer jueves 29 de enero, en Barquisimeto. El gran dilema es: ¿cómo se logra eso? Los gremios coinciden que se debe reformar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), vigente desde 2012, pero cuando el sector privado señaló que no es sostenible asumir la carga de los pasivos laborales de los trabajadores, mientras exista alta inflación, los ánimos se caldearon.
«Los trabajadores no somos culpables de la inflación ni de las erradas políticas económicas del gobierno que han acabado con el salario. Tenemos que defender la experiencia y antigüedad de los trabajadores y también el artículo 91 de la Constitución, que establece el derecho a tener un salario suficiente que nos permita cubrir las necesidades básicas», exclamó Robert Sánchez, secretario del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (Sepeel).
Actualmente, quienes laboran en la administración pública tienen grandes expectativas de que se aumente el salario, porque alegan que Venezuela entró a una nueva etapa económica, ya que se está vendiendo el petróleo sin aplicar grandes descuentos, hay mayor flexibilización de las sanciones, mejores relaciones con Estados Unidos, y también mayor control. Eso se traduce en más ingresos para el país.
Pero Jesús Casique, economista, expresó que de nada ha servido en Venezuela que el Ejecutivo nacional fije un salario mínimo vía decreto, sin tomar en cuenta la productividad de las empresas.
«Desde 1998, cuando Hugo Chávez estaba en el poder, se han decretado 57 salarios mínimos. Solamente desde 2013 hasta el 1º de mayo de 2024, con Nicolás Maduro, se promulgaron 35 salarios mínimos. El primer incremento de Chávez representaba $169,5 y el último incremento por Maduro fue $5,25. En pocas palabras: ¡el salario está destruido!», refirió.
El monto del salario mínimo en Venezuela ya no es referencia para los economistas, porque es 130 bolívares, equivalentes a $35 centavos, según el tipo de cambio oficial del 29 de enero de 2026. «El Banco Mundial define a un individuo pobre cuando gana menos de $2,15 diario, y en Venezuela el salario diario es $0,012», manifestó Casique.
Lo que ha hecho el gobierno en los últimos años es aumentar el ingreso mensual de los trabajadores públicos, jubilados y pensionados, vía bonos económicos, alegando que son una protección social, pero estos bonos para el personal activo no inciden en las prestaciones sociales.
Carga muy alta
Los pasivos laborales incluyen las prestaciones sociales, la retroactividad por cada año de servicio, el bono vacacional, utilidades o aguinaldos, intereses sobre prestaciones e indemnización cuando se termina una relación de trabajo.
A eso se le suma la carga impositiva, como la contribución del 9% a la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, el aporte al Seguro Social, la póliza de responsabilidad civil patronal, la contribución parafiscal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), y todo lo que tiene que ver con la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), para proteger la salud y seguridad de los trabajadores.
Según Juan Canelón, asesor laboral de la Cámara de Comercio del estado Lara, los pasivos laborales representan una carga de 70% adicional de la nómina, y si la empresa privada tiene convención colectiva, ese costo adicional asciende a 100%.
Por eso, desde 2020, el sector privado ha preferido hablar de ingreso mensual, en vez de salario. Y la manera en que se paga la remuneración suele ser 50% un salario en bolívares que incide sobre las prestaciones sociales, y un 50% en un bono de productividad fijado en divisas, que no incide en la antigüedad.
«El sector privado no tiene tantos problemas con los salarios, porque paga bien. Se ha mantenido en montos muy por encima de los 130 bolívares que paga el Estado. Pero, evidentemente, si se llega a dar una reforma de la Lottt, se debe tocar el tema de las prestaciones sociales de los trabajadores, porque en procesos de alta inflación, son una carga muy costosa para empresarios», alegó.
Industrias pagan mejor
En noviembre de 2025, Conindustria informó los resultados de la Encuesta Coyuntura Industrial, Tercer Trimestre, indicando que los obreros y operadores tenían un salario equivalente a $243 dólares, profesionales y técnicos ganan por encima de $500 y gerentes más de $1000.
Según explicó Mahomed Hussein, primer vicepresidente de Conindustria, el ingreso mensual de los trabajadores ha ido aumentando a la par de cómo ha aumentado la producción y el uso de la capacidad instalada de las empresas.
«La economía de Venezuela está ralentizada por el poco poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Cómo resolvemos ese problema? La realidad es que el tema de la retroactividad de las prestaciones sociales es muy duro. Cualquier ajuste que hagan en el salario mínimo, va a multiplicar los costos por el número de años de servicio de cada trabajador. Creo que tendremos que sentarnos sector privado, sindicatos y gobierno para llegar a un acuerdo», apuntó.
Comunicó que en 2020, con pandemia, la capacidad instalada promedio de las industrias en uso era 15% y los obreros devengaban un sueldo de $100. En un lustro, se ha incrementado ese ingreso 100%, porque la activación de la capacidad instalada de las industrias ahora está por encima del 49%.
«Un incremento salarial tiene que ir acompañado gradualmente con un aumento en la producción y en la productividad», recalcó.
Gran deuda pública
Según sindicalistas, el problema está en el sector público, porque el Estado debe aumentar el salario, sincerar las nóminas y asumir las deudas retroactivas de prestaciones. Según Robert Sánchez, secretario de Sepeel, existen cerca de 2.7 millones de trabajadores en la administración pública.
«Gobierno debe generar confianza en el mercado»
Economistas señalan que la única vía real para que mejore el salario es incentivando la productividad y eso se logra tomando una serie de medidas y publicando cifras económicas.
«Los mercados necesitan transparencia y eso comienza actualizando la data económica de Venezuela. Pdvsa tiene que presentar sus informes financieros, el Banco Central de Venezuela (BCV), debe dar cifras del PIB nacional, de la variación de los sectores económicos, de inflación. El Instituto Nacional de Estadística (INE), debe dar cifras de población y el Ministerio de Finanzas debe decir de cuánto es la deuda pública», comunicó Jesús Casique, economista y director de Capital Market Finance.
Miguel Rojas, economista y presidente del Colegio de Economistas del estado Lara, manifestó que para incentivar la productividad el Estado debe disminuir la carga fiscal. «La carga impositiva pesa más de un 60% de las utilidades de una empresa», argumentó.
Diálogo tripartito activo en el país desde 2022
El presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, indicó que actualmente en Venezuela se mantiene activo el diálogo tripartito entre gobierno, sector privado representado por Fedecámaras y Fedeindustria y federaciones sindicales como: la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Central de Trabajadores y Trabajadoras, Alianza Sindical Independiente (ASI), Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CGT) y Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST). Esta mesa de diálogo está instalada desde el 25 de abril de 2022.
Explicó que se mantienen los debates sobre el método técnico para calcular el salario de los trabajadores en Venezuela, y que es la presidente encargada del país, quien debe tomar la decisión sobre el monto.
También indicó que el diálogo se ha visto afectado, porque aunque los debates son con la representación de funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y discuten el tema de la libertad sindical, dos de los dirigentes que integraban el diálogo tripartito hoy están presos, y son José Elías Torres de la CTV y William Lizardo, quienes eran representantes claves de la fuerza trabajadora.
Opacidad en las cifras
Actualmente, el BCV no publica cifras actualizado del Índice de Precios al Consumidor. Desde el mes de abril 2025, la organización privada Centro de Documentación y Análisis (Cendas), dejó de publicar el precio de la canasta básica familiar que era una referencia nacional, ante la opacidad oficial.
Hasta ese mes, la canasta tenía un precio de 503 dólares. El economista, Jesús Casique, sostiene que por las proyecciones que hacen firmas privadas de la inflación, probablemente la canasta básica familiar del país debe estar por el orden de los 615 o 620 dólares.