LA PRENSA DE LARA | EFE.- Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia leal al gobierno de Nicolás Maduro, manifestó este viernes su «complacencia» con la comisión que pretende hacer una «revolución judicial» en un lapso de 60 días en el país.
En un acto en el que se reunió con magistrados y jueces nombrados por el alto tribunal «en atención al anuncio» de la creación de la comisión, Moreno «manifestó su complacencia con este proceso que marca un hito en el esfuerzo conjunto para el fortalecimiento» del sistema judicial venezolano, según recoge un comunicado del TSJ.
Maduro anunció el pasado lunes la creación de una comisión, presidida por Diosdado Cabello, para hacer una «revolución judicial» en un lapso de 60 días.
«Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón», indicó Maduro al encabezar un Consejo de Estado.
La Comisión Especial para la Revolución Judicial fue instalada este viernes por su presidente, el diputado y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, con el objetivo de convertir el sistema judicial del país «en un modelo para el mundo».
Cabello destacó que esta comisión tiene como fin «actuar en todo el ámbito del sistema judicial y convertir el sistema judicial en un sistema judicial modelo para el país y para el mundo».
Al respecto, Moreno destacó en el comunicado que dentro del Poder Judicial «ha redoblado los esfuerzos para continuar brindando el mejor servicio a la población venezolana en los tribunales de todo el territorio nacional».
Señaló que, para garantizar la celeridad procesal, se «ha reforzado el trabajo de los tribunales» durante la pandemia por covid-19 con audiencias telemáticas.
Finalmente, recalcó que todos los juzgados del país se encuentran ejecutando un «plan de celeridad procesal en los centros de detención preventiva».
El pasado 12 de mayo, el Gobierno publicó en Gaceta Oficial un decreto en el que establece que las autoridades de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) debían «transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días».
La situación ocasionó el rechazo de la oposición pues señaló que esto implicaba el traslado de los «presos políticos» a cárceles comunes.