Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Desde 2002 hasta 2021, más de 1.401 personas han sido inhabilitadas por la Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos, según datos de la ONG Acceso a la Justicia. La más reciente inhabilitación fue la de María Corina Machado, candidata a las primarias opositoras, dada a conocer el 30 de junio. Imponiéndosele una pena de 15 años de sanción. Juristas afirman que desde 2008 este Poder Ciudadano se ha valido del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal para sacar del terreno político a cualquier disidente del Gobierno con posibilidades de escalar en una elección, calificando el artículo de inconstitucional y que vulnera derechos humanos.
Determinar con precisión cuántos opositores están inhabilitados en la actualidad es entrar en camisa de 11 varas, porque de acuerdo con el Boletín 101, publicado por el Observatorio Electoral Venezolano en marzo de 2023, la Controlaría no emite información desde hace más de cinco años. De los candidatos inscritos a las elecciones internas de oposición a desarrollarse el 22 de octubre, se sabe que además de Machado el candidato Henrique Capriles, de Primero Justicia, también se encuentra inhabilitado por 15 años desde el 7 de abril de 2017, al igual que Freddy Superlano, de Voluntad Popular, quien se enteró justo en el momento en que fueron emitidos los resultados electorales de 2021 que lo dieron ganador como gobernador en Barinas, hasta que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), intervino y ordenó la repetición de estos comicios.
En 2021, según Acceso a la Justicia, unas 28 personas fueron inhabilitadas administrativamente, la mayoría diputados de la Asamblea Nacional 2015 que se les impidió participar en las elecciones regionales y municipales de ese año, entre los que destaca Julio César Reyes, quien también se enteró cuando pretendía inscribirse como candidato a la Gobernación de Barinas, así como a Aurora Silva, esposa de Superlano.
Leyes de adorno
Según explicaron a LA PRENSA Blanca Rosa Mármol de León, exmagistrada emérita del TSJ y Leonel Ferrer, profesor de Derecho Constitucional de la UCV, la Contraloría General de la República ha seguido el mismo patrón a la hora de aplicar inhabilitaciones. Las veces que lo ha hecho público ha sido sin notificar con antelación al sancionado, sin presentar pruebas, sin esperar una sentencia firme de un juez y sin darle la opción al afectado del derecho a la defensa.
«Las inhabilitaciones administrativas o políticas violan los DD. HH., porque el derecho de participación política está establecido en la Constitución en el artículo 62, que dice que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, a participar libremente en los asuntos públicos de su país», explicó la exmagistrada.
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