Periodistas surfean obstáculos para informar en Venezuela

CNP: en 20 añ;os han cerrado 405 medios de comunicación independientes

Redacción | LA PRENSA DE LARA. – La ONG Espacio Público, reveló que de enero a mayo de 2024 se registraron 79 casos contra la libertad de expresión, que derivan de unas 170 denuncias de violaciones. Más del 50% de las víctimas son periodistas, reporteros o medios de comunicación social. En el contexto electoral han aumentado los cierres de emisoras de radio o salidas del aire de programas de opinión, y la amenaza constante de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), contra medios de comunicación privados que basan su programación en transmitir informaciones de política, denuncias sociales y economía. Asimismo reportan un aumento de detenciones arbitrarias a periodistas o contra personas que son fuentes de información, que han sido procesadas penalmente.

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía, contabiliza cuatro periodistas presos en Venezuela, dos de los cuales fueron privados de libertad no por estar trabajando como periodistas, sino por ejercer sus derechos políticos. Uno fue detenido el 15 de junio identificado como Luis López, y el segundo el 17 de junio, es Gabriel González, miembro de la organización Vente Venezuela. El 15 de abril fue detenido el periodista Carlos Julio Rojas, a quien el Fiscal General, Tarek William Saab, lo acusó de ser parte de un presunto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. El comunicador social que tiene más tiempo tras las rejas es Jesús Centeno Navas, apresado en 2022, por intentar publicar un trabajo de investigación sobre narcotráfico.

«Han detenido a periodistas que cumplen una función dentro de la candidatura presidencial de un determinado partido político u organización política. De manera que ejercer la profesión, el derecho a la información y el derecho de la investigación periodística se ha convertido en un peligro en Venezuela. A estos profesionales de la información privados de libertad les han inventado expedientes o la presentación ante los tribunales se ha hecho demasiado lenta. Cada vez que van al tribunal no hay audiencia y les han ido alargando la pena sin haber recibido una sentencia», exclamó Guía.

Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de Espacio Público, destaca el caso de personas que han sido detenidas arbitrariamente sin ser periodistas, pero que han sido fuentes claves para trabajos de investigación.

«Las personas que tenemos registradas como detenidas en lo que va de año, la mayoría son personas que no son profesionales de la comunicación, sin embargo esto de alguna manera responde a una lógica de represalia que involucra a medios y a periodistas pero que se ha trasladado también a las fuentes. Entonces de alguna manera como que se ha trasladado esa represión más física que se traduce a esquemas de judicialización», comentó. Los funcionarios que aplican estas detenciones arbitrarias son cuerpos de seguridad y funcionarios de instituciones públicas.

Cierre de espacios

En el caso del estado Lara, desde noviembre 2023 a la fecha, Conatel ha aplicado el cierre de cuatro emisoras de radio, las cuales son: Carora 100.5 FM, Radio Minuto 106.1 FM, Radio Minuto 790 AM y Radio Cristal 610 AM, esta última con 60 años de trayectoria.

«El Gobierno considera a la radio y a la prensa libre como enemigos políticos sin serlo, porque en el caso de los noticieros que transmitía Radio Minuto, allí podían participar tanto chavistas como opositores. El cierre de un medio radial se traduce en una pérdida de empleos importantes que son fuentes para el sustento de familias en Barquisimeto», opinó Francisco Urdaneta, de la directiva del Sindicato de Radio y Televisión de Lara.

«En el caso de Radio Cristal, la orden de su cierre vino directamente desde Miraflores», soltó el comunicador social Orlando Fernández Medina, propietario de este medio, informó que desde hace varios años había solicitado a Conatel el restablecimiento de su concesión, sin recibir respuesta. Alega que el cierre se da por asumir una posición política en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.