Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Trabajadores de Venezolana de Cementos (Vencemos) acudieron a la Fiscalía Superior de Lara y solicitaron una investigación profunda en las empresas estatizadas, tal como ocurrió con Lácteos Los Andes, en aras de verificar su operatividad y niveles de producción, así como también constatar las presuntas violaciones a la contratación colectiva, pagos de sueldos míseros y la persecución de los trabajadores.
«En Vecemos hay una cacería de brujas contra los trabajadores que reclaman. Las cifras de producción son cada día menor. Las plantas de cemento operan alrededor de 15% de su capacidad. Es decir, a nivel nacional se deben producir nueve millones de toneladas métricas de cemento, estamos produciendo nada más un millón de toneladas métricas al año», exclamó Orlando Chirinos, secretario del Sindicato de Vencemos.
Esta petición del sindicato se da luego que los trabajadores sostuvieron una reunión ayer de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía con José Rivero, ministro del Trabajo; y Carlos Leal Telleria, ministro de Alimentación, en la Inspectoría del Trabajo en Barquisimeto, y a la cual también acudieron trabajadores de Lácteos Los Andes y de la empresa socialista Pedro Camejo de alimentación.
«La reunión se centró en la reestructuración de la junta directiva de Lácteos Los Andes. Los ministros informaron que iban a ser removidos todos los gerentes y directores tras las investigaciones por corrupción que desarrolla el Ministerio Público. Pero los demás sindicatos manifestamos además que la Inspectoría del Trabajo hace caso omiso a los reclamos introducidos por hostigamiento, desmejora salarial, cambios arbitrarios de cargos de trabajo y por no reconocer a los sindicatos a quienes se les impide la entrada de estas empresas», denunció Chirinos.
Los trabajadores se sintieron motivados a elevar sus denuncias a las autoridades luego de la detención del presidente de Lácteos Los Andes, Luis Augusto Piligra el 14 de mayo, anunciada por el Fiscal General, Tarek William Saab, por facturar insumos con sobreprecio y tener una compañía paralela que utilizaba la materia prima y la empaquetadora de la empresa estatizada en 2008. Además del suicidio ese día de Reinaldo González, gerente de comercialización y ventas de la sede de la 31 con carreras 19 y 20 de Barquisimeto.