Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La arremetida judicial contra las organizaciones políticas más grandes de oposición comenzó en junio, cuando el Tribunal Supremo de Justicia intervino a Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ). En agosto, siguió judicializando a partidos que en otrora integraban el Gran Polo Patriótico de Venezuela como lo son Tupamaro y Patria Para Todos. Está actuación, según expertos electorales, sólo tiene un único propósito político: «Favorecer al oficialismo en los futuros resultados electorales».
«Es un proceso donde han sido intervenidas organizaciones políticas del Gran Polo Patriótico y las más representativas de oposición. Donde pareciera que el gobierno lo que hace es construir un sistema de partidos a su imagen y semejanza, de diseñar no solamente a sus aliados sino también controlar a sus opositores», explicó a LA PRENSA Francisco Castro, director de Súmate, organización civil que monitoreando las elecciones en Venezuela.
Según la oferta que presentó el CNE, para estos comicios se inscribieron 26 organizaciones políticas nacionales, y además de las cinco partidos que están intervenidos, hay una organización nueva, Primero Venezuela, que tiene los mismos colores y símbolos que PJ.
Para estas parlamentarias se inscribieron 45% menos organizaciones políticas que en el año 2015. En esa ocasión aparecieron reflejadas en el tarjetón electoral 36 partidos políticos nacional, pero la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), agrupaba a 24 organizaciones que no relucieron en la boleta electoral. Con esta alianza la oposición obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional con 112 parlamentarios.
«23 de las organizaciones de oposición han sido intervenidas o ilegalizadas. La única que se ha salvado es Un Nuevo Tiempo (UNT). El TSJ ha nombrado juntas Ad Hoc en varios partidos y casi todas hoy han sufrido alguna intervención o inhabilitación», apuntó Castro.
Desde diciembre de 2015 se han desarrollado seis procesos electorales en Venezuela, y en todos se ha contabilizado una disminución de partidos políticos participantes. El máximo tribunal el pasado 4 de septiembre anuló la medida cautelar contra PJ, quitándole la directiva a José Brito, el diputado nacional que el pasado 5 de enero integró una Asamblea Nacional paralela, junto a Luis Parra, tras impedirle a Juan Guaidó y a 100 parlamentarios ingresar al Palacio Federal Legislativo. Pero hasta ahora el TSJ no ha informado si la directiva de PJ pasará a manos Julio Borges.
Crisis institucional
El politólogo Doriam González, indicó que el TSJ intervino las organizaciones más importantes de oposición en plena cuarentena, en un contexto donde la escasez de combustible y las medidas de radicalización por la pandemia impedían la movilización de los partidos.
«Hay una crisis institucional de las organizaciones políticas. Los partidos en Venezuela no renuevan su liderazgos constantemente, son como franquicias que se extienden en el tiempo sin importar los reglamentos internos que establecen que sus directivas deben ser cambiados cada dos o cinco años. Eso ocasiona conflictos dentro de su militancia porque a medida que un líder pasa más tiempo al frente de su organización más frustraciones genera en los que aspiran ser dirigentes. Nicolás Maduro aprovechó esa circunstancia para intervenir a los más grandes organizaciones, sin que eso significara costos políticos», alegó.
Sostiene que los actores que ahora están al frente de organizaciones judicializadas, no tienen un liderazgo de base y dentro del tablero electoral de las parlamentarias configuran una nueva oposición sin peso político la maquinaria oficialista.
«Estos actores políticos que en otras condiciones no hubiesen tenido posibilidad de encarar un proceso electoral por muchas debilidades, porque son pocos conocidos o porque dentro de su partido no tenían el peso político para aspirar a un cargo de representación popular. Maduro hizo caída y mesa limpia con las organizaciones judicializadas para nombrar candidatos que se hacen llamar oposición, y que aceptaron unas elecciones sin un mínimo de garantías», apuntó.
Resaltó que faltando 62 días para que las parlamentarias se realicen, esos candidatos siguen sin dar a conocer un trabajo político. «Yo no los veo desarrollando un esquema de campaña que les permita posicionarse, no están llegando a todo el territorio, ni trabajando en sus organizaciones como para decir que tienen una estrategia comunicacional que levante la iniciativa del voto», expresó.
Afirma que los representantes de partidos no intervenidos como Henri Falcón, Claudio Fermín y Javier Bertucci tampoco representan una amenaza para el chavismo. «Desde las presidenciales de 2018 a la fecha no hicieron nada para robustecer su liderazgo en el electorado, simplemente lo que han hecho es participar en negociaciones con el gobierno que les ha permitido mantenerse en la escena pública», mencionó.