Moiselis Méndez | LA PRENSA DE LARA.– Aproximadamente unos 250 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional estarían en riesgo ante la inminente pérdida de soberanía nacional por la concesión de tierras y explotación de las mismas. Este número, es la suma de los terrenos del Esequibo, el Arco Minero del Orinoco y las tierras cedidas a Irán por el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio.
Esta situación fue expuesta en una reunión de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, conformada por los profesores que imparten esta materia, encabezada por el profesor Tulio Álvarez, donde condenaron la entrega de territorio venezolano y tomaron la decisión de acudir a instancias internacionales para tomar acciones, entre las que figuran la petición de una medida tutelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar y que la misma den instrucciones al Estado de no afectar a los territorios ancestrales.
Esta espacio, ubicado hacia el sur del país y la parte baja del mapa, representa una parte sustantiva del territorio venezolano. El Arco Minero comprende un área de 111.843,70 km², un 12,2% del territorio total, sumado a esto, un millón de hectáreas de cultivo, alrededor de 10.000 km², un 1% en líneas generales, fueron las cedidas a los iraníes, sin contar con la amplia zona en reclamación del Esequibo, que para el profesor Álvarez ratifica «la conducta de Miraflores de entregar la soberanía a otros países.»
En junio, Nicolás Maduro, en su visita a Teherán, suscribió un documento por una duración de dos décadas, aunque sin conocerse los detalles. Esta opacidad es injustificada, según la Cátedra de Derecho, y promueve tanto el desconocimiento como la desinformación a la población en general, pues no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las condiciones de arrendamiento, es decir, cuáles fueron las actividades autorizadas por el ejecutivo ni su repercusión.
Según Álvarez, el convenio con el gobierno de Irán violenta todas las normativas internacionales en materia ambiental, de desarrollo sostenible y de comunidades autóctonas, pues las tierras dispuestas para los extranjeros se encuentran al sur del río Orinoco, entre los estados Bolívar y Amazonas, precisamente la cuna de las comunidades indígenas del país, y el mismo lugar donde habitan tres etnias que viven bajo aislamiento voluntario y que la instalación de agentes externos a sus tierras representa un riesgo y amenaza hacia sus costumbres y convivencia.
A nivel de derecho, Álvarez recalcó que esta entrega es una violación del artículo 13 de la Constitución, que establece que «el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional». Al igual que lo catalogó como una transgresión a los tratados internacionales y hacia la protección de los pueblos indígenas.
«¿A quien le van a quitar las tierras? Esta situación afecta directamente a los propietarios, y en general a los venezolanos que sufren una clara violación de la seguridad nacional y soberanía… Es la mayor negligencia en la defensa de la reclamación del Esequibo», aseguró. Considera como una figura de irrespeto a la zona territorial y una regalía de tierras.
Una medida de tutela sería el siguiente paso ante esta situación, que será pedida por los profesionales de la cátedra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que puedan actuar y revocar estas acciones con el fin de conservar intactas las tierras indígenas ancestrales.