Kemberling Rodríguez | LA PRENSA DE LARA.- «Las invasiones sistematizadas han venido evolucionando desde un proselitismo demagogo y partidista hasta verdaderas mafias que amenazan y extorsionan a los propietarios de unidades de producción absolutamente funcionales y activas llegando a ponerse en peligro no sólo la ocupación y tenencia de la tierra, sino la vida misma del productor, su familia y sus empleados».
Así lo expresó Antonio Escalona, presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes (Unagandes), a propósito de las ocupaciones ilegales y actos de inseguridad que continúan afectando al sector agrícola, según los testimonios de los productores locales y nacionales.
Rechazamos toda violación a los derechos constitucionales de los venezolanos, más aún de los productores agrarios, continuó y recordó que la Carta Magna hace referencia al respeto por la propiedad privada y al derecho del trabajo digno.
«Los productores agropecuarios realizan un esfuerzo digno y heroico para generar alimentos en el país y es lamentable que las condiciones sean verdaderamente deplorables e injustas«.
Señ;ala que en Apure, Barinas, Táchira y Bolívar, que son estados fronterizos, es donde se han venido suscitando importantes invasiones «sistemáticamente ejecutadas».
De allí que exhorten a aumentar los controles y supervisión de las zonas más afectadas por actividades ilegales para que salvaguarden a los trabajadores e inversionistas del campo. «En la práctica, algunos funcionarios administrativos y militares encargados de hacer cumplir la ley no cumplirían con sus obligaciones«, según el dirigente gremial.
Por sus medios
Por su parte, Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), expresó que frente a las invasiones de tierras agrícolas los productores resuelven los casos por sus propios medios, antes de levantar una denuncia formal.
En este sentido, no manejan una data del número de invasiones; sin embargo, solicita a las instituciones a las que competan estos casos propiciar las condiciones jurídicas y la seguridad para proteger las zonas agrícolas, considerando el aporte significativo que hacen a la población con la producción de alimentos de calidad.
Otro escenario son los casos en los que sí denuncian, pero no son atendidos como esperan, tal como le sucedió a Gerardo Castillo, productor del municipio Crespo en el estado Lara, quien relató que le robaron parte de la cerca perimetral que protegía sus hectáreas.
«Hay tantos ladrones en el sector Las Casitas, vía Cañ;o Rico de Duaca; en el municipio Crespo, aunado al robo de casi un kilómetro de alambre de la cerca, el mes pasado puse otra denuncia porque ingresaron a la finca para tratar de robarse una moto; asimismo, están invadiendo tierras de la zona, pero no se aparece ningún cuerpo de seguridad. ¿;Con qué motivación sembramos?», expresó Castillo.
Asimismo, Antonio García, productor de Sanare, expresó que hace falta revisar los parques nacionales como Yacambú y El Guache, donde estarían dándose alguna invasiones.
Rafael Carrasco, de la Unión de Campesinos y Productores de Torres, lamentó que en el caso de las ocupaciones ilegales registradas en el municipio, el INTI no atienda los reclamos de los productores; se refirió a un caso ocurrido en la parroquia Altagracia de esa jurisdicción, donde fue lenta la recepción de la denuncia formulada por agricultores ante dicho instituto.
«Algunos abusan de sus cargos»
Yoleida Mosquera, propietaria de un lote de terrenos y habitante del caserío La Ciénaga del municipio Torres, denunció que tres voceros del consejo comunal de la zona le asignaron de forma arbitraria una carta de ocupación al ciudadano Antonio Peralta, quien a su vez vendió dicha propiedad a un funcionario militar.
El hecho irregular sucedió a principios del mes de enero; y a pesar de la denuncia formulada ante los organismos competentes, la familia Mosquera todavía no recupera sus tierras.
«Tienen un aval falso; y ese funcionario militar contrató maquinarias y acabó con toda la vegetación; tenía sembrado árboles frutales» .
Se conoció que luego de iniciar el proceso revocatorio del título otorgado a Peralta con la recomendación de la junta comunal, finalmente, acudió una comisión jurídica del INTI para levantar un nuevo expediente por medio de una inspección hecha en el lugar y a fin de revocar la medida.
