Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- Las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela van más allá de una denuncia. Familiares de las víctimas, además de sufrir atrocidades por parte de los cuerpos de seguridad del Estado han sido revictimizadas por el sistema judicial y es por esto que exigen que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) avance con las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad en el país.
Las víctimas aseguraron que no están satisfechas con las investigaciones realizadas por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público en Venezuela, a la fecha los casos siguen impunes y según los testimonios de los familiares se debe investigar los crímenes desde el añ;o 2013 hasta este 2022, cuando ocurrieron presuntas ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de derechos humanos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (Olacp) solicitaron a través del informe «24 testimonios, 21 Crímenes de Lesa Humanidad» a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que reanude la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Las víctimas y familiares (muertos en protestas antigubernamentales, presuntas ejecuciones extrajudiciales y detenidos civiles y militares) levantaron la voz para relatar sus testimonios y así denunciar en todos los espacios posibles los hechos ocurridos y exigir que los responsables sean debidamente investigados y sancionados.
Durante la presentación del informe se afianzó el requerimiento de las víctimas y es que tomen en cuenta todos los testimonios ocurridos en el país y que no sólo se investiguen a los agresores, sino a toda la cadena de mando.
Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, asesinada en febrero de 2014, recordó que hace ocho añ;os un GNB le quitó la vida a su hija. «A mi hija de 23 añ;os le quitó la vida un GNB que le disparó a quemarropa en el rostro. Fueron 55 audiencias, 33 meses, 24 funcionarios actuaron en nombre del Estado. Sólo dos fueron juzgados, a uno le dieron 30 añ;os y al otro 16 añ;os».
Casos como el de Geraldine quedan impunes, a juicio de los familiares y abogados, pues sólo se juzgaron a dos personas y no a toda la cadena de mando.
Durante la presentación del informe estuvieron presentes familiares de las víctimas mortales, pero también los que aún se encuentran detenidos y sufren, presuntamente, de torturas constantes.
«Todos somos presos políticos, tanto familiares como los que están tras las rejas. Mi hijo fue secuestrado por el grupo armado de la Dgcim y llevado al centro de tortura en «La Cueva», donde logró escaparse a los 12 días. Nos pudo llamar y narrar los hechos, al día siguiente fue secuestrado nuevamente, le dieron un disparo en la pierna izquierda y una puñ;alad
