Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La extradición de Alex Saab, empresario colombiano que es señalado por Estados Unidos y más de 4 países del mundo de cometer delitos financieros internacionales y de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro, ha sido la excusa del Gobierno venezolano para levantarse de la mesa de negociación en México, que desde agosto sostenía con representantes de la plataforma unitaria.
Analistas políticos consideran que el objetivo del oficialismo es retornar a esa mesa después de los resultados electorales del 21 de noviembre, e incluir a partidos de oposición diseñados a su medida, que no reclamen un cambio del modelo político a través del adelanto de elecciones presidenciales, y que sean reconocidos por la Comunidad Internacional.
«El proceso de extradición de Alex Saab le sirvió como anillo al dedo al oficialismo para diferir la negociación después de las elecciones. Se tenía parcial conocimiento que esta iba a ser la última reunión antes de la elección, debido a que algunos integrantes de la mesa son candidatos y están por comenzar la campaña política. El oficialismo va a tratar de llevar a una oposición más complicada y dividida luego de esos resultados electorales, que probablemente obtenga menos gobernaciones y alcaldías que el gobierno», expresó Oswaldo Ramírez Colina, consultor de estrategia, riesgo político y director de la firma ORC Consultores.
Asegura que los últimos estudios de opinión arrojan que el chavismo en este momento tiene entre el 15 y el 18% de intención de voto, y la oposición un 48%, pero en ese universo de personas no todas están dispuestas a votar por los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ni respaldan a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, sostiene que luego de la «pataleta» del gobierno con el caso Alex Saab, lo que se espera es que Maduro retome las conversaciones en México, pero reclamando la reconfiguración de esa mesa de negociación.
«El Gobierno sabe que con la oposición que está negociando no va a llegar a ningún acuerdo, porque el objetivo de la oposición democrática es una solución definitiva al conflicto político que contemple un cambio de presidente, y lo que el oficialismo aspira es al levantamiento de las sanciones y el desbloqueo de los activos de la nación, no hay puntos en común entre ambas partes. Luego de los resultados del 21 de noviembre, el Gobierno podrá decir: ahora no tenemos una oposición, sino varias. Esta es la oposición que ganó en 2015, pero ahora hay una que tiene gobernaciones, alcaldías y que está formada por distintos partidos. Esos partidos no tienen los mismos objetivos que el G4, incluso para convertirse en una oposición importante necesitan el debilitamiento de la oposición mayoritaria», explicó Alarcón, quien es especialista en negociación y resolución de conflictos.
Pesa el miedo
José Vicente Carrasquero, doctor en Ciencias Políticas, sostiene que un factor determinante ha sido la presión internacional, donde hasta la Cancillería de Rusia lamentó la suspensión de las negociaciones, y solicitó que fueran retomadas. Alega que entre Rusia y Estados Unidos hay un acuerdo para encontrar una salida política a la crisis venezolana.
«Maduro con su actitud de suspender las conversaciones en México evidencia el miedo que para él representa lo que diga Alex Saab. El régimen teme que el empresario colombiano negocie su condena, su rebaja de pena en Estados Unidos a través de difundir información que a Maduro no le interesa que se sepa, como las transacciones que hacen con el gobierno de Irán, quiénes son los involucrados, cómo se dan, si es verdad que el Gobierno financia al terrorismo, o se sostiene por el narcotráfico. La posición de Maduro es la posición de alguien que tiene algo que esconder», soltó Carrasquero.
Por su parte, el especialista en política internacional, Nelson Chitty La Roche, sostiene que aunque la delegación del oficialismo haya querido hacer creer que el caso Alex Saab es un asunto político, la Comunidad Internacional nunca lo ha considerado así.
«Es mucho lo que sabe Alex Saab, su familia amasa una fortuna que no tiene manera de legitimar porque nunca fueron un grupo económico establecido. Este empresario ha sido siempre sospechoso de estar involucrado con el crimen organizado transnacional y la Comunidad Internacional sabe que eso no se puede mezclar con política», comunicó.
A su juicio, el problema del Gobierno venezolano ya no es político ni financiero, le dan mayor importancia a los delitos por los que están siendo señalados en el mundo, porque además de Alex Saab está próxima a darse la extradición a Estados Unidos de Hugo el «Pollo» Carvajal, exdirector de Inteligencia del Gobierno nacional que ahorita está en manos de la justicia española, y de Claudia Díaz, extesorera de Venezuela y ex-enfermera de Hugo Chávez, solicitada en EE. UU. por los delitos de blanqueo de capitales y pertenecer a una organización criminal.
«En el mundo, Venezuela está siendo vista como un Estado forajido y mafioso. Lamentablemente, la plataforma unitaria que ha estado participando en esas negociaciones no ejerce ninguna presión de peso contra el Gobierno, al levantarse de la mesa de diálogo Maduro demuestra que no respeta a los factores democráticos», dijo Chitty.
Según el politólogo, Radamés Graterol, la jugada del Gobierno también era tantear el terreno internacional para saber qué tanto peso podían tener sus países aliados dentro de la negociación, y ver si EE. UU. podía aceptar un «cambio de rehenes», es decir, la entrega de Alex Saab por la liberación de algunos presos políticos que existen en Venezuela.
Mejora confianza en elecciones
Oswaldo Ramírez Colina, consultor político, considera que el anuncio de la Unión Europea de enviar observadores electorales a Venezuela, que incluso estarán desplegados en el inicio de campaña política del 28 de octubre al 18 de noviembre, y la posibilidad de que una misión de la ONU y del Centro Carter también visiten al país para las elecciones del 21 de noviembre, representa que las condiciones electorales han mejorado en comparación con los comicios presidenciales de mayo 2018 y las Parlamentarias 2020, que no fueron reconocidas ni por la Comunidad Internacional ni por los factores democráticos venezolanos por violar la Constitución y no gozar de ningún tipo de garantías.
Para Benigno Alarcón, especialista estratégico de conflictos, el hecho de que los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reclamaran mayores condiciones de transparencia en el proceso de diálogo, no representa que ahora con la suspensión de esa mesa van a renunciar a sus candidaturas.
«Es muy difícil que los candidatos de la MUD se retiren de la elección, cuando actores tan importantes como la Unión Europea estén comprometidos con estos comicios como acompañantes», expresó.
Argumenta que los partidos del G4 decidieron participar en las elecciones por decisión y presión de sus propios activistas, de gente que tenía intereses en ocupar algún cargo público. «El temor que tenían las organizaciones partidistas de la oposición democrática era que su maquinaria renunciara y se inscribiera en otro partido que sí acudiera a las elecciones», comentó.
José Vicente Carrasquero, doctor en Ciencias Políticas, coincide con esta premisa y considera que aunque la mesa de negociación en México haya sido suspendida por parte del Gobierno venezolano, no ve como escenario posible la renuncia de los candidatos de la MUD. «El Gobierno ha creado a su propia oposición, entonces si la oposición democrática decide no acudir al proceso a última hora, los demás partidos van a continuar y terminarán diciendo que los comicios fueron transparentes», expresó.
Ayuda al país queda relegada
«La primera consecuencia de la suspensión de esta mesa de negociación entre el Gobierno y la oposición en México es que se sigue difiriendo los potenciales acuerdos para resolver la crisis humanitaria compleja que registra Venezuela, que justamente eso ha sido parte del primer convenio de la mesa de acuerdo social que fue firmado entre las partes», comunicó Oswaldo Ramírez, director de la firma ORC Consultores.
Hasta ahora, esa mesa de negociación sólo había logrado acuerdos parciales, además de permitir la ayuda humanitaria, se trató el tema de defender la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.
No se logró el entendimiento en materia de liberación de presos políticos, en tener un Consejo Nacional Electoral más plural, lograr la depuración del Registro Electoral, y permitir la habilitación política de dirigentes y todas las organizaciones partidistas.
«Vamos a una elección el 21 de noviembre con opacidad, hay un ventajismo electoral sostenido por el Gobierno», considera Nelson Chitty La Roche.
«Aspiran justicia transicional»
Según el politólogo, Radamés Graterol, el Gobierno volverá a insistir en una negociación porque la aspiración de Maduro es que se le otorgue una justicia transicional.
«La Constitución establece que si una persona comete un delito o incurre en corrupción debe enfrentar un juicio penal. La justicia transicional es aquella donde se otorga amnistía o perdón. Maduro espera que su gobierno pueda alcanzar lo que logró las FARC en las mesas de negociación con el gobierno colombiano, que a pesar de ser un grupo terrorista hoy se encuentra haciendo vida política en el Congreso, e incluso acordaron no tocar algunas zonas que controla este grupo», exclamó.
Oposición puede consolidar fuerzas
La politóloga, Marisol Bustamante, indicó que a pesar de la suspensión de la mesa de negociación, las elecciones del 21 de noviembre permitirán a la Mesa de la Unidad Democrática reunificar fuerzas y movilizar a la población por el voto, luego de cuatro años de abstenerse a cualquier proceso electoral.
«Las elecciones le sirven para tres cosas a la MUD: reencontrarse como organizaciones políticas, organizar a su maquinaria para un revocatorio presidencial en 2022 o elecciones presidenciales en 2024, y para la movilización interna de la población a recobrar la confianza en el sufragio», dijo.