EFE | LA PRENSA DE LARA.- Los activistas venezolanos Marino Alvarado y Alfredo Infante rechazaron este jueves la demanda por difamación en su contra, presentada por el gobernador del estado Carabobo,& ;Rafael Lacava, quien los demandó después de que ambos solicitaran que se investigue la presunta responsabilidad del funcionario en ejecuciones extrajudiciales.
Alvarado, coordinador de investigación de la ONG Provea, aseguró que la acusación de Lacava es «parte del cerco que progresivamente se le ha venido haciendo a las organizaciones de la sociedad civil» en Venezuela.
«Nuestro informe no es contra ningún gobernador. No somos parte de campaña para desprestigiar absolutamente a nada. Es un informe para visibilizar el grave problema de las ejecuciones extrajudiciales en el país«, dijo.
En marzo pasado, ambos activistas participaron en la presentación del informe Lupa por la Vida, durante la que se aseguró que «la policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava«.
Alvarado exhortó al gobernador a que «abra sus espacios» para que se pueda «avanzar en conocer qué es lo que ha pasado y cuáles pueden ser los presuntos responsables» de los hechos, «en lugar de criminalizar el trabajo» de las organizaciones de DD.HH.
«La responsabilidad de un gobernador (…) no debe ser la defensa automática de los funcionarios que pudieran estar señalados de graves violaciones a DD.HH. e incluso de crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad de todo gobernador donde aparezca señalada su policía como presuntamente responsable de haber privado arbitrariamente la vida a las personas, es facilitar las investigaciones», señaló.
Por su parte, Infante, coordinador de DD.HH. del Centro Gumilla, sostuvo que las organizaciones no pretenden «otra cosa que defender el derecho a la vida y restablecer el Estado de derecho para que haya verdad, justicia y reparación para la no repetición».
Indicó que el informe «no está focalizado en Carabobo, es un informe nacional» que «evidencia que en el año 2021 hubo, en el territorio nacional, 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales, un descenso de casi un 60 % respecto a 2020».
El abogado de Provea, Joel García, aseveró que la demanda contra los activistas representa un «nuevo capítulo de ataque a la libertad de expresión, a los DD.HH. y a la vida», y que la defensa está en disposición de «enfrentar este proceso» para «resolver la situación».
Fuente: EFE