Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- El país podría estar a sólo horas de que la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda, antes de entregar su cargo al británico Karim Khan el 15 de junio, informe si el examen preliminar sobre el caso Venezuela Uno, vigente desde febrero de 2018 y en fase tres, culmine y se abre una investigación contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno, por ser señalados de cometer crímenes de lesa humanidad desde 2014. La abogada penalista y coordinadora general de la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, sostiene que de ocurrir esto se marcaría un precedente en la historia mundial, porque hasta ahora la CPI sólo ha juzgado a presidentes africanos.
«Nunca Estados signatarios del Estatuto de Roma, habían solicitado expresamente un examen preliminar contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en un Estado. Tampoco la OEA había constituido un panel de expertos ante la CPI que hicieran un trabajo minucioso con declaraciones de víctimas y testigos. El informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU también fue muy contundente, al punto que le permitió a este organismo de justicia internacional considerar una investigación por los sistemáticos y generalizados ataques a los venezolanos», explicó.
La fiscal de la CPI ha dicho que existen elementos razonables para anunciar pronto una decisión sobre Venezuela. ¿Qué representa esto?
Que ya para la CPI no hay dudas para considerar que en nuestro país se han cometido crímenes de lesa humanidad. Fatou Bensouda ha dicho que existen elementos razonables para considerar que eso ha ocurrido, y esto es un avance porque desde las esferas de poder en Venezuela, habían negado enfáticamente esta realidad.
¿Qué espera la fiscal de la CPI para iniciar una investigación contra Maduro?
El examen preliminar sobre el caso Venezuela Uno se encuentra en la fase tres, en donde la fiscal está examinando la complementariedad; es decir, las instancias de justicia internacional no sustituyen a las instancias de justicia nacional, sino que tiene competencia, admite y decide iniciar una investigación una vez haya verificado que el Estado del que se trate tenga la capacidad o voluntad de juzgar esos crímenes de lesa humanidad.
¿Y el sistema de justicia venezolano ha tenido la voluntad de investigarlos?
No, de hecho desde JEP reportamos un 97 % de impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los actores materiales en manifestaciones pacíficas. Pero existe un 100 % de impunidad respecto a las cadenas de mando. Los crímenes de lesa humanidad se constituyen a través de un patrón sistemático o generalizado de ataques contra la población civil, y ese patrón debe ser diseñado por las máximas esferas del poder, siendo además consciente del daño ocasionado.
¿Puede el gobierno de Maduro renegociar la decisión que tome la fiscal de la CPI?
No es posible que pudiera renegociar nada, porque la justicia no puede entrar en ningún espacio de negociación, de diálogo, ni mucho menos si estamos hablando de crímenes que lesionan a la humanidad.
El fiscal Tarek William Saab ha reconocido que Juan Pablo Pernalete, el capitán Rafael Acosta Arévalo y el concejal Fernando Albán fueron asesinados en manos de funcionarios de seguridad. Pero ¿realmente está investigando estos casos?
Sobre el caso de Juan Pablo Pernalete, uno de los jóvenes asesinados en protestas de 2017, particularmente a muy pocos días de haber ocurrido su muerte, el Ministerio Público, cuya titular era la fiscal Luisa Ortega Díaz, había mostrado a la opinión pública cómo había ocurrido su asesinato, estableciendo que efectivamente se había tratado de una ejecución extrajudicial, y sin embargo cuatro años después Saab no termina de concluir esta investigación. También lo habíamos visto diciendo que el concejal Albán se suicidó y resulta que casi dos años después asume que no es así, que fue asesinado en el Sebin, y lo mismo con el capitán Acosta Arévalo en la Dgcim.
¿Pero esas aparentes investigaciones que ha anunciado Tarek William Saab pueden ser tomadas en cuenta por la CPI?
El Ministerio Público está investigando esos crímenes, pero eso no significa que haya una investigación respecto a la cadena de mando contra los máximos responsables de ese patrón de ataque, que es lo que estaría conociendo la fiscal de la CPI. No se trata de investigar como hechos aislados e inconexos diferentes delitos contra los DD. HH., se trata de investigar a los máximos responsables, a la cadena de mando que favoreció, consciente del daño ese patrón de ataque.
Si el fiscal de Venezuela sigue llenando a la CPI de papeles, de informes sobre supuestas investigaciones hechas, ¿Puede retardar la respuesta de la fiscalía de la CPI sobre el caso Venezuela Uno?
El asunto es que aquí no hay tiempos establecidos. El Estatuto de Roma no establece cuánto tiempo debe demorar un examen ni una investigación. Hay exámenes preliminares, como el de Colombia por 60 años de conflicto armado contra su población, tiene más de 17 años, y sin embargo efectivamente ni siquiera ha llegado a la fase tres en la que está el caso venezolano. El examen preliminar venezolano se inicia en 2018 y ciertamente en tres años ya estamos a la espera de una resolución, por lo exhaustivamente documentado.
¿Puede influir en la decisión que se tome sobre el examen preliminar, el hecho de que Argentina haya retirado su apoyo a la demanda contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad?
Definitivamente no. Creo que es una mancha que quedará en la historia de Argentina en ese sentido, porque lamentablemente vemos cómo desde una estrategia o posición política se retrocede tan vergonzosamente en algo que es común entre todos los países y es la búsqueda de la verdad y de la justicia. Haber retirado su solicitud ya no tiene ningún efecto ante esa instancia, porque estamos hablando de crímenes, de hechos que ya sucedieron.
Este año Maduro anunció la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de llegar a cambiar este cuerpo policial, quitar a sus directivos y eliminar a las FAES. ¿Cómo quedará el expediente venezolano en la CPI?
No tiene nada que ver. Estamos hablando de una política de Estado que ya se ejecutó, una política de persecución, de ataque contra la población. Quienes fueron responsables de esos crímenes pues tendrán que responder ante la justicia internacional y el cambio de competencias que se está dando, además en la cadena de mando del Sebin y la Dgcim, que ya no tienen que cumplir órdenes de la Vicepresidencia de la República. Todo este juego, todo este maquillaje no incide en nada porque en algún momento tendrán que enfrentarse a la justicia.
¿Qué rumbo puede tomar la investigación una vez que el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan asuma su cargo el 15 de junio?
Desde la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, somos unos defensores de la institucionalidad. Nuestras expectativas nunca están depositadas en una persona, en un cargo, nuestras expectativas están depositadas en la institución, en los procedimientos, en la rigurosidad de la norma. De tal manera, que quien sea el que asuma el cargo hasta esa instancia pues nosotros, las organizaciones y de nuevo las víctimas, estoy segura, seguiremos haciendo nuestro trabajo con la misma rigurosidad para obtener justicia.
¿Cuál es su valoración sobre el sistema de justicia venezolano, donde los jueces actúan con total parcialidad política?
Todos los jueces, fiscales y funcionarios del sistema de justicia venezolano no tienen ningún tipo de titularidad, ningún tipo de estabilidad, son designados a dedo por quienes ejercen el poder. En consecuencia, su trabajo se limita a seguir instrucciones. Allí también hay responsabilidad penal, civil y administrativa, recordemos que esas personas pues también son cómplices de todos estos crímenes porque un juez que ordena la detención a una persona, que en una audiencia escucha a esa persona diciéndole he sido torturado y no hace nada. Un fiscal que se presta para ordenar la detención de una persona no teniendo ningún elemento de convicción para hacerlo, también es responsable.
¿Cómo evalúa el hecho de que civiles están siendo juzgados en tribunales militares y viceversa?
Es que no hay sistema de justicia, el sistema de justicia en nuestro país existe sólo en la norma, pero la realidad es que en su funcionamiento ya no hay tal sistema. Hay unas cabezas que dirigen la actuación de todos, entonces no opera como debe operar.
¿Cuál es su análisis del dominio sobre el territorio que tienen bandas criminales como la del «Coqui» en Caracas, donde funcionarios se seguridad han sido tan sólo espectadores de sus actuaciones?
Que hay un Estado fallido, donde todas las instituciones se desnaturalizaron, este es un país con absoluta anarquía, donde grupos de poder ejercen ampliamente sus intereses en el territorio. No hay respeto de nuevo a la institucionalidad. Por desgracia, los cuerpos de seguridad del Estado están prestos sólo a la persecución política, atendiendo las órdenes que reciban, no para el control de la delincuencia. Entonces Venezuela es un estado delincuencial donde el sistema de justicia opera a favor de la impunidad y la violación del debido proceso.
«Presos políticos en Venezuela corren peligro de muerte»
La abogada Martha Tineo informó que desde que Nicolás Maduro ordenó el traslado de personas que estaban en la Dgcim y el Sebin a cárceles comunes o militares del país, los presos políticos corren peligro de vida.
«El proceso como todo, por desgracia se está dando con total opacidad e irrespeto a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Cuando una persona va a ser trasladada de un sitio de reclusión a otro, tiene que ser ordenado por el tribunal de la causa, inmediata notificación a los abogados, defensores y familiares. Aquí ocurren estos traslados sin que nadie tenga conocimiento de nada. Si una persona acude al tribunal que lleva la causa de su familiar y pregunta a dónde ha sido trasladado, no le van a dar información», dijo.
Afirma que el Estado está violando el debido proceso, las garantías procesales establecidas en las reglas mínimas de Mandela. «Sabemos cuál es la realidad de las cárceles comunes: hacinamiento, insalubridad, falta de asistencia médica, de agua potable, de alimentos. Estos traslados agravan la situación de vida de los presos políticos, generándole dificultades mayores a sus familiares», resaltó.