Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- La materia pendiente con los venezolanos es la recuperación del sistema de justicia autónomo desligado del interés político. Así lo expresan expertos en derecho, ante la corrupción y parcialidad en el sistema de justicia que impide el debido proceso, con fiscales provisorios y una población que se siente desamparada con un Estado que puede invertir su rol de protector para ser acusador.
Se trata de una alarma mundial respecto al cumplimiento del debido proceso en el país, así lo lamentan cuando Venezuela queda reprobada y en los últimos lugares por la falta de justicia efectiva. Es la sombra que se tiene al ocupar por octavo año consecutivo el último lugar en el índice de Estado de derecho del registro de World Justice Project (WJP). Un ranking entre 140 países y sin mostrar mínimas mejorías, al quedar en 0,26% en 2022 y apenas marcando poca diferencia de ese 0,27% obtenido del año anterior.
Se atribuye ese vacío de justicia al traspaso de los límites de acción del Poder Ejecutivo que resta autonomía a los canales regulares para la actuación del sistema judicial. Además que hace que esta nación ocupe los primeros lugares en corrupción, injusticia penal e injusticia civil, dejándola cerca a países como Camboya, Afganistán y Congo.
Esto le recuerda al abogado, Eduardo Torres que sin tribunales autónomos siguen paralizadas las investigaciones en cuanto a esos crímenes de lesa humanidad que tanto preocupan a la Corte Penal Internacional (CPI) y que evidencia la influencia del poder del Gobierno en los jueces. «No es fortuita esa falta de imparcialidad en la que el sistema de justicia termina siendo cómplice, es una situación grave», precisa y dice que hay un ataque sistemático a los derechos civiles.
Rechaza la «trama de corrupción que tiene de base a diferentes grupos en una pugna por el poder. No sólo se aprecia en jueces, sino en estos fiscales provisorios que no cumplen los méritos para ejercer el cargo, no son llamados a concurso», repudia que sean designados y generalmente «reciben órdenes desde arriba». Eso es una de las pruebas de falta de autonomía.
Se pierden argumentos y la esperanza queda congelada sin cambio estructural político de la nación. Torres se hace eco del clamor de la mayoría hacia el respeto de las normas y de todas las leyes, celebra que la CPI haya decidido retomar las investigaciones a cargo del fiscal, Karim Khan, y la posibilidad de que el caso de Venezuela sea juzgado en La Haya, donde desestiman el intento del Gobierno por hacer creer que el sistema mejoraba y que se adelantaban las averiguaciones de los casos.
«Estamos ante un Estado fallido en el cumplimento de la norma», es la advertencia de Henderson Maldonado, abogado y miembro del Movimiento Vinotinto, al precisar que la mayoría de las víctimas pierden su libertad. También le llama la atención que últimamente es muy aplicado el delito de asociación para delinquir, independientemente que no se trate de una organización hamponil. Cuestiona la incidencia de terrorismo a contrarios al Gobierno sin mayores pruebas para demostrarlo, cuando «todo depende de órdenes superiores».
Esto deja a una población vulnerable sin tener a dónde acudir ni derecho de justicia, así lo expresa Yudi Chaudary, doctora en Seguridad Social, frente al poder estatal que llega a sentenciar a muchos «presos de conciencia». Es un tema delicado, la población se siente desasistida y desesperada.
Es todo un panorama que no alienta los ánimos de los jóvenes que optan por emigrar.