EFE | LA PRENSA.- Tres días después de la dimisión como presidente de Pedro Pablo Kuczynski, el juez anticorrupción Juan Carlos Sánchez, declaró fundado el pedido de impedimento de salida del país, presentado por el fiscal Hamilton Castro, por un lapso de 18 meses, sin necesidad de mayor análisis dado que la defensa del exmandatario aceptó la medida.
El abogado de Kuczynski, César Nakazaki, informó que se aceptaba el impedimento de salida, aun cuando cuestionaban su legalidad por tratarse de una investigación preliminar.
Nakazaki se quejó de que, al mismo tiempo en que se decidía esta medida, la fiscalía había ordenado el allanamiento de dos casas de Kuczynski en Lima, en búsqueda de indicios sobre el presunto delito de lavado de activos.
Así mismo indicó al juez que el expresidente «en algún momento tendrá que ausentarse del país, por motivos familiares, previo a la etapa de la investigación penal».
La fiscalía explicó en la audiencia que hay indicios para iniciar una investigación preliminar contra Kuczynski por los lazos mantenidos, directamente o a través de empresas suyas, con Odebrecht desde que fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), denunciado por un soborno de 20 millones de dólares entregado presuntamente por la firma brasileña.
El fiscal Hamilton Castro explicó que «es necesario indagar el origen de los pagos» y «si hubo actos de corrupción y favorecimiento a la empresas proveedoras del Estado», en este orden precisó que las presunciones sobre Kuczynski se basan en un conjunto de transferencias realizadas entre el 2007 y 2015 por tres empresas extranjeras a una cuenta bancaria en Perú.
El fiscal refirió que las transferencias suman un aproximado de un millón de dólares y que se trata de determinar su origen, dado que Kuczynski participó en dos campañas electorales en 2011 y 2016; además la fiscalía investiga los depósitos efectuados por Odebrecht Latinvest en cuentas de Latin American Enterprise, vinculada a Kuczynski, y a First Capital del empresario chileno Gerardo Sepúlveda.