EFE | LA PRENSA.- El Gobierno mexicano condenó este domingo el ataque en Venezuela a las oficinas del opositor Henrique Capriles, así como los otros hechos violentos registrados recientemente en el país, y pidió que todas las partes resuelvan sus diferencias “por medios pacíficos”.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apuntó que el Ejecutivo “expresa su rechazo a los hechos de violencia registrados en los últimos días en la República Bolivariana de Venezuela” que causaron daños a instalaciones públicas y a las oficinas de Capriles.
El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela aseguró este sábado que fue atacado “con bombas” cuando se encontraba dentro de la sede de su partido, Primero Justicia (PJ).
El dirigente opositor, quien este viernes fue informado sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, estaba en el lugar tras asistir a una protesta antigubernamental en la ciudad de Caracas.
La protesta tenía como objetivo llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, pero fue dispersada con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad venezolanas
“México hace un nuevo llamado a todas las partes para que se abstengan de recurrir a la violencia o la provocación”, afirmó la Cancillería y pidió a los venezolanos que “resuelvan sus diferencias por medios pacíficos”.
Además, destacó la importancia de lograr, “en el corto plazo”, un acuerdo político nacional que permita “recuperar la normalidad democrática en el país”.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, recibió la noche del jueves a la esposa y la madre del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori y Antonieta Mendoza, respectivamente.
La reunión, celebrada en la residencia presidencial de Los Pinos, fue la confirmación de un cambio radical en la posición del Gobierno mexicano frente a Venezuela iniciado hace unas semanas por el canciller Luis Videgaray, quien denunció una “violación sistemática” de los valores democráticos en ese país.
Según fuentes diplomáticas, México jugó un papel clave para que el 23 de marzo pasado 14 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieran al Gobierno de Nicolás Maduro en una declaración conjunta la celebración de elecciones y la liberación de políticos presos.