EFE | LA PRENSA DE LARA.- La organización de abogados Lawyers for Civil Rights (LCR, en inglés) presentó este martes en Boston una demanda colectiva contra el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, por ordenar el envío de medio centenar de migrantes la semana pasada a la exclusiva isla de Martha’s Vineyard.
La demanda alega que casi medio centenar de migrantes «vulnerables», incluidos mujeres y niñ;os, fueron transportados «de manera fraudulenta y discriminatoria» a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, sin refugio ni recursos disponibles, con «falsas promesas de trabajo, educación para los niñ;os y asistencia de inmigración».
El director ejecutivo de LCR, Iván Espinoza Madrigal, expresó en un comunicado que «ningún ser humano debe ser utilizado como peón político en el debate altamente polarizado de la nación sobre la inmigración».
DeSantis envió el miércoles dos aviones chárter con 50 migrantes venezolanos al aeropuerto de Martha’s Vineyard como parte de un programa, con 12 millones de dólares de presupuesto, para relocalizar indocumentados en los llamados «estados santuario».
En paralelo, el gobernador de Texas, el también republicano Greg Abbott, mandó el jueves pasado dos autobuses con un centenar de migrantes a la residencial oficial de la vicepresidenta del país, Kamala Harris, en Washington; y lo volvió a hacer el sábado, al tiempo que envió otros tres vehículos con indocumentados a Nueva York.
El director de ejecutivo de Alianza Americas, otra de las organizaciones que ayuda a los inmigrantes, Óscar Chacón, sostuvo en el mismo comunicado que DeSantis promueve una agenda «impulsada por el odio» contraria a «las mejores tradiciones» del país.
«Es por eso que hemos tomado las medidas para impugnar legalmente lo que vemos no solo como una acción moralmente reprobable, sino que también creemos que es ilegal», agregó Chacón.
Esas organizaciones representan a tres migrantes venezolanos que han decidido interponer la demanda contra DeSantis y el estado de Florida, así como contra el secretario de Transportes estatal, Jared Perdue, y el departamento que dirige.
En su escrito judicial, los demandantes alegan que esas autoridades de Florida ejecutaron un plan «premeditado, fraudulento e ilegal» por el que personas que se hicieron pasar por «buenos samaritanos» captaron a los migrantes en los alrededores de un refugio y locales similares en Texas ofreciéndoles ayuda humanitaria.
Entre otras cosas, según el escrito, les dieron cupones de 10 dólares para gastarse en una conocida cadena de comida rápida y les convencieron para que se subieran a los aviones que los llevaron a Martha’s Vineyard asegurando que les ofrecerían allí oportunidades para trabajar, de encontrar vivienda y de que sus hijos tuvieran una educación.
