Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Por unanimidad y tan sólo sometiéndola a un mes de discusión en la Asamblea Nacional (AN) controlada por el PSUV, fue aprobada la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 18 de enero, donde fueron modificados 10 artículos. El más resaltante es el artículo 8, que establece que el Poder Judicial pasará de tener 32 a 20 magistrados. Para juristas, esta nueva ley no resuelve los problemas de fondo, como el retardo procesal, la violación de derechos humanos y la alta corrupción que existe en el sistema de justicia venezolano. Su único interés es político, donde el control del Poder Judicial ahora será repartido entre el Ejecutivo Nacional y el Legislativo.
De las seis salas que tiene el máximo tribunal, la Sala Constitucional estará conformada a partir de ahora por cinco magistrados, y las demás: Sala de Casación Civil, Sala Penal, Sala de Casación Social, Sala Político-Administrativa y Sala Electoral, por tres magistrados cada una.
«¿;Por qué es tan importante reducir el número de magistrados para el chavismo? Bueno, la explicación es política, Nicolás Maduro ha dicho que en algún momento de este añ;o iba a reanudar las negociaciones en México. El tema que quedó pendiente en esas conversaciones es el Poder Judicial. Había trascendido a los medios de comunicación social que podría haber una cuota o un reparto de cargos para la oposición, como ocurrió con el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene dos rectores opositores y tres del PSUV. Pero claro, no es lo mismo repartir el poder del TSJ sobre 32 que hacerlo sobre 20, y ahí es donde está la jugada», opina Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia.
Afirma que el oficialismo redujo el número de magistrados previendo la posibilidad que áreas sensibles del TSJ queden bajo la responsabilidad de magistrados opositores o independientes, como algún órgano que controle la dirección ejecutiva de la magistratura que lo supervise. «Lo que se quiere es evitar que la oposición tenga algo que ver con el gobierno del Poder Judicial», resaltó.
Otro cambio fundamental se hizo en el artículo 65, sobre cómo está conformado el Comité de Postulaciones Judiciales. Según el artículo 270 de la Constitución, este comité debe ser integrado sólo por representantes de la sociedad civil. La ley del TSJ del añ;o 2010, vigente hasta el 19 de enero de 2021, indicaba que este comité se conformaba con seis representantes de la sociedad civil y cinco diputados contrariando la carta magna. Pero ahora la reforma también viola la Constitución, al establecer que el comité lo conformarán 11 diputados y 10 de la sociedad civil.
Quien coordina ese comité es el diputado del PSUV, Giuseppe Alessandrello, el mismo que presidió el Comité de Postulacione
«Nos da la ligera impresión e interpretación que sólo el número de magistrados que la ley establece es el problema de funcionamiento de la justicia en nuestro país, cuando el diagnóstico objetivo que tenemos quienes caminamos por el sistema judicial en Venezuela no es numérico de magistrados y salas, sino la toga y birrete con que se viste la inmensa corrupción e injusticia, mercadeo, sobremanera en la jurisdicción penal y administrativa, donde alguaciles, defensores públicos, fiscales, miembros de cortes de apelaciones, presidencias de circuitos, jueces en todas las jurisdicciones a nivel nacional compran, venden, cambian calificaciones, remaran sentencias en los centros de retención y cárceles», manifestó.
Reitera que ante la posibilidad que se reanuden las negociaciones entre Gobierno y oposición en México, con auspicio de la Comunidad Internacional esta ley sea la base para una repartición de magistrados entre las dos fuerzas políticas.
