Ágatha Reyes | LA PRENSA .- Que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) haya eliminado con decreto el Área Metropolitana de Caracas y el Distrito del Alto Apure, según abogados y politólogos, es ilegal de pies a cabeza y si a eso se le suma la convocatoria de validación de los partidos políticos por tercera ocasión en menos de un año en vez de hacerlo el CNE es desnudar que en el país no se respeta ningún derecho.
Nicmer Evans, politólogo, asegura que la ANC con cada decreto o ley que aprueba viola la Constitución de 1999 que los propios oficialistas han definido como “el legado de Chávez”; también considera que los últimos decretos tienen un solo fin: “Maduro y su gente busca su estabilidad”, dijo, refiriéndose a la medida con que el gobierno intenta tomar espacios que no fueron adquiridos con el voto popular.
El abogado José Záa, coincide en la ilegalidad de las acciones de la ANC y enfatiza que “se atribuye competencias que no le corresponden”. Aclara que los constituyentes sólo están facultados para crear y/o modificar la Constitución.
El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, así reza el artículo 347 de la CRBV explicó.
Como experto en leyes, explica que al eliminar el Área Metropolitana de Caracas y el Distrito del Alto Apure, se está violando el artículo 18 de la carta magna que los determina como “unidad política territorial”, algo que la ANC no puede eliminar por decreto, porque sólo la Asamblea Nacional (dominada por la oposición) es quien está facultada para legislar, proponer enmiendas, reformas o ejercer funciones de control y gobierno.
Ante esta premisa, Evans ratifica que hay un trasfondo político con el decreto, “están haciéndose del poder y tomando espacios que hoy están en manos de la oposición como por ejemplo alcaldías y gobernaciones”.
Para que la medida sea legal, Záa detalla que la ANC debe cumplir con los pasos correspondientes: primero debe modificarse la Constitución, que luego deberá pasar por una consulta con el pueblo (referéndum) tal como se hizo con la constituyente de 1999 y sólo si el pueblo está de acuerdo, entraría en vigencia.
Sin embargo, advierte que sería un proceso ilegal por la forma en que fue convocada y electa la ANC, además considera que el país está frente a una medida que no existe como acto administrativo, sino que tienen como fin “desmoronar el orden constitucional e imponer a trocha y mocha el poder comunal”.
Refiere que aunque los poderes están parcializados a una tendencia política se deben agotar las instancias y mostrar los vicios de inconstitucionalidad que existen al emitir dicho decreto.
Revalidación
En el caso de la revalidación el politólogo Horacio Zavala, considera que los constituyentistas están obligando a los opositores a “legitimar lo ilegítimo” pues recuerda que la ANC fue elegida bajo un proceso eleccionario dudoso y deja contra la pared a los partidos contra el régimen porque si no se revalidan no participan en las posibles presidenciales, pero si acatan lo solicitado por los constituyentistas, avalarán que son legales.
No descarto que sea una provocación del gobierno nacional para ir al proceso de negociación en enero, con más poder”, dijo.
Considera que el Ejecutivo, a través del uso de las instituciones, busca el reconocimiento a la ANC y acabar con la posición de no reconocer la ANC. Este planteamiento es apoyado por Roberto Sánchez abogado y diputado al CLEL por AD, quien considera que el gobierno quiere “obligar a la oposición a reconocer una institución ilegal” además manifiesta que no se puede aplicar una norma a un hecho que ocurrió antes de su existencia.
Sánchez dice que ninguno de los decretos o leyes emitidos por la ANC son vinculantes, y al igual que Záa menciona que con la elección ilegal de los constituyentistas ninguna decisión puede ser tomada en cuenta.