José Najul | LA PRENSA.- La Gobernación comenzó a desmantelar y demoler las viviendas adyacentes a la avenida Uruguay que ya fueron desalojadas, con el propósito de evitar que éstas vuelvan a ser habitadas por personas que deseen exaltar falsamente una necesidad para que el Ejecutivo regional las reubique, como ha hecho con 130 familias que estaban en situación de riesgo.
El proceso inició ayer. El gobernador Henri Falcón aseguró que habrá un puesto policial permanente, al que la comunidad podrá acudir, no sólo para mitigar la delincuencia de la zona, sino también para propiciar el desalojo de individuos que quieran asentarse en algún terreno.
Falcón dejó claro que la Gobernación no adquirirá viviendas para cada uno de los núcleos familiares que puedan estar hacinados en una misma casa, sino que se están limitando a conseguir soluciones habitacionales para el mismo número de viviendas desalojadas.
Estas acciones están enmarcadas dentro de la reconstrucción de la avenida, construida en el año 2001 por el actual gobernador, cuando era alcalde de Iribarren, y por Fontur, dependencia del Gobierno nacional.
El gobernador reconoce que hubo fallas en la planificación, pero dice que “eso se hizo con el Gobierno nacional. ¿Entonces me dejan solo cuando se presentan los problemas? Lo que debemos hacer es ser responsables con la comunidad y buscar soluciones”.
En este sentido, reiteró los planes de hacer una gran inversión para rehabilitar la arteria vial, que representa aproximadamente un 30% del presupuesto de inversión del 2017.
Serán unos mil 500 millones para el traslado de las familias y más de 3 mil millones en la colocación de 80 pilotes de concreto que perforarán hasta la capa rocosa de la tierra, y que sostendrán la capa de asfalto, actualmente quebrada por las filtraciones.