LA PRENSA DE LARA | Agencias.-& ;Actores de la sociedad civil venezolana, entre los que destacan rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y académicos, trabajan en la redacción de un conjunto de propuestas con las que buscan cambiar la estructura del ente comicial y la normativa que regula sus funciones.
Las han denominado «propuestas para el fortalecimiento institucional electoral» y se centran en cuatro ejes fundamentales: marco jurídico, Registro Electoral, voto civil y estructura interna del CNE.
Detrás de la iniciativa están organizaciones que integran el Foro Cívico como Sinergia o el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y otras como el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), La Red Electoral de la Asamblea de Educación, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Asosaber y Voto Joven.
En la propuesta de reforma participan los rectores suplentes del CNE Griselda Colina y León Arismendi.
Entre los académicos están la abogada Ana Julia Niño; el sociólogo y doctor en procesos políticos contemporáneos Juan Manuel Trak; el sociólogo e investigador del Cendes Héctor Briceño; y el politólogo y exasesor del CNE Jesús Castellanos. El periodista especializado en la fuente electoral Eugenio Martínez también es parte de la iniciativa.
La rectora Griselda Colina, junto a los profesores Briceño y Castellanos, explicaron a Efecto Cocuyo este lunes 18 de abril cuáles son los ejes temáticos que están trabajando.
El fortalecimiento del poder sancionatorio del CNE, que es una recomendación de la misión de observación de la Unión Europea que estuvo en el país en 2021, es un reto en el que esperan lograr consensos y alcanzar objetivos viables.
«El debate es cómo llegamos a tener elecciones libres. Para ello tenemos que plantear cuáles son las acciones posibles y entender la importancia de mantener el diálogo político abierto y que cuando uno habla de elecciones democráticas son para todos, tanto para los actores que ganan como para los que pierden y no de un sistema que aniquile al contrario», subrayó la rectora Colina.
Marco jurídico
En este apartado evalúan la necesidad de reformar leyes vigentes como la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) o la Ley del Poder Electoral.
Pero también discuten la pertinencia de que los cambios se hagan en normativas de menor rango como los reglamentos que dicta el CNE con el propósito de no requerir el consenso dentro de la Asamblea Nacional, actualmente dominada por el chavismo.
La votación de los venezolanos que actualmente viven en el exterior requiere, por ejemplo, que se hagan cambios en el Reglamento de la Lopre que exige tener residencia legal.
Este requisito ha vulnerado el derecho a votar de quienes se encuentran indocumentados porque han salido forzadamente del país, a causa de la crisis política y humanitaria, entre otras razones.
Registro Electoral
Se propone municipalizar los puntos de inscripción y actualización del Registro Electoral (RE), la idea es que se establezca al menos un punto permanente en cada uno de los 335 municipios del país para facilitar la incorporación de nuevos electorales, etc.
Reforzar las campañas informativas sobre las jornadas del RE.
Promover una auditoria exhaustiva del RE con el objetivo de depurar el padrón electoral.
Voto Civil
Tiene que ver con la revisión de la asistencia técnica que da el CNE a sindicatos, universidades o partidos políticos para la elección de sus autoridades internas.
Una propuesta de Voto Joven, por ejemplo, fue que se estudien mecanismos para mejorar la participación de los jóvenes en direcciones de partidos y cargos de elección popular.
En Centro de Justicia y Paz plantea la necesidad de reforzar la paridad de género en las organizaciones políticas y en la postulación de candidaturas.
Estructura del CNE
Esta relacionado con la mejora de organismos electorales subalternos como la Junta Nacional Electoral, específicamente los mecanismos de selección y capacitación de sus miembros.
También incluye propuestas de mejora en las políticas comunicacionales del ente comicial, esto va desde la transmisión de resultados hasta la publicación de Gacetas Electorales.
«Buscamos que haya transparencia en las decisiones, en Venezuela se perdió la argumentación en este sentido y no se explica por qué, por ejemplo, el proceso de convocatorio del Referendo Revocatorio, hace seis años, se extendió casi un año, y recientemente se resolvió en una o dos semanas», expresa Briceño.
La autonomía del Poder Electoral es otro aspecto que se debate. Para esto se contempla la necesidad de crear un marco normativo que regule la toma de decisiones de los rectores con el fin de reducir la discrecionalidad que ha quedado manifiesta en el pasado.
Los especialistas consideran que la activación del Consejo de Participación Política que se define, en el artículo 34 del Poder Electoral, como «una comisión de consulta y asesoría ad honorem del CNE» puede contribuir a reforzar la autonomía del ente comicial. Pero advierten que debe dejar de ser una figura simbólica y pasar a tener incidencia real.
Poder sancionatorio
«Sobre las capacidades sancionatorias, muchas veces no se trata de generar un marco normativo nuevo, a veces simplemente es hacer cumplir el existente o revisar si funcionan los procesos que están detrás de la normativa vigente. ¿Es necesario modificar la Lopre en este sentido?, esto será discutido», señaló Castellanos.
La intromisión de otros Poderes del Estado como la Contraloría, que se arrogó el poder de inhabilitar candidatos, aunque viola la Constitución, es un área en la que aún deben construir propuestas.
Fuente informativa: Efecto Cocuyo.