Agencias | LA PRENSA DE LARA.- La Misión Internacional Independiente de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Venezuela publicó un nuevo informe, en esta ocasión, dirigido contra el poder judicial, al que califican de ser «carente de independencia».
Según los investigadores, la Justicia venezolana ha violado los DD. HH. en un plan político para sofocar a la oposición del Gobierno de Nicolás Maduro y ha jugado un «papel esencial» en la represión estatal.
Entre las denuncias recogidas se encuentran crímenes como la desaparición forzada, la tortura, incluida la violencia sexual y los asesinatos arbitrarios.
Además, los investigadores no encontraron evidencias de que funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados después de ser acusados de casos atroces y violentos.
«Jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositores supuestos o reales», subrayó la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.
El equipo de tres investigadores emitió el informe de 200 páginas, basado en 177 entrevistas, incluidos abogados y exjueces, además de miles de páginas de archivos de casos y un análisis de 183 detenciones de opositores al Gobierno.
El documento será debatido por el Consejo de Derechos de la ONU el próximo día 24 de septiembre. Antes, enviaron la investigación al Tribunal Supremo de Venezuela y a la Fiscalía, sin obtener respuesta.
Torturas, presiones y una inexistente respuesta judicial
Entre las denuncias recogidas en el informe está el uso habitual de la prisión preventiva, como medida rutinaria, así como órdenes de arresto retrospectivas contra arrestos ilegales. También los expertos alegaron «motivos razonables» para creer que actores políticos de alto nivel habrían ejercido influencia sobre el poder judicial.
Además, fiscales habrían obtenido supuestas pruebas mediante tortura y después habrían sido aceptadas por los jueces. También hay indicios que apuntan a que magistrados habrían ordenado el regreso de detenidos a centros donde habrían sido maltratados. Por su parte, los abogados habrían recibido presiones y una vez detenidos habrían sido forzados a aceptar una defensa de oficio.
Entre los casos destacados, el informe resalta el de un acusado que fue detenido en abril y mayo del año pasado, y sometido a tortura con asfixia mediante una bolsa.
Esto fue mientras era investigado por miembros de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM). El acusado aseguró a un tribunal de terrorismo que los oficiales le habrían dicho que usarían el «Sippenhaft», una técnica de castigo colectivo utilizada por los nazis que consiste en el encarcelamiento de familiares.
En su relato, el detenido contó que miembros de la DGCIM habrían detenido posteriormente a sus dos hermanas y un cuñado durante más de un mes. Pese a las denuncias, en el informe los expertos no recogen ninguna respuesta por parte de ningún tribunal.
Para la oposición es una muestra de que no hay «posibilidad de Justicia»
Este informe ha sido bien acogido por la oposición venezolana. El exdiputado opositor Miguel Pizarro, en un comunicado, aseguró que el último documento de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas «reafirma la violación sistemática de derechos humanos». Y añadió:
«También evidencia que el sistema de Justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de derechos humanos», dijo Pizarro, quien fue nombrado por Juan Guaidó como comisionado para la Organización de las Naciones Unidas.
En el comunicado, además, subraya que en «Venezuela no hay posibilidad de Justicia bajo el sistema ordinario» y considera que el Gobierno «maneja todos los hilos de la justicia en Venezuela a su antojo».
Desde el Gobierno consideran la misión de la ONU una campaña de desprestigio
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019. En el informe aseguran que la política estatal para sofocar a la oposición creció desde 2014, cuando Nicolás Maduro asumió la Presidencia.
Precisamente, en 2020, los investigadores hicieron un primer informe en el que consideraban que el Gobierno de Maduro había cometido violaciones sistemáticas de DD. HH. equivalentes a crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, tanto chavismo y aliados han descrito estos informes como una campaña de desprestigio sesgada e impulsada por Washington. Desde la Casa Blanca están vigentes múltiples sanciones que buscan obligar a Maduro a abandonar el poder.