Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Los grupos armados ilegales que están enfrentados en el departamento colombiano de Arauca y en el vecino estado venezolano de Apure han cometido «múltiples abusos» contra los pobladores de la zona, incluso, presuntamente, con la complicidad de militares venezolanos, reveló un informe publicado este lunes por Human Rights Watch (HRW).
Los enfrentamientos por el control territorial entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Comando Conjunto de Oriente, una coalición de grupos disidentes de las antiguas FARC, comenzaron el pasado 1 de enero y han dejado decenas de muertos, al menos 3.860 desplazados internos en Arauca y más de 3.300 personas han huido de Venezuela a Colombia, señ;ala el informe.
Al parecer, «el ELN acusó al Frente 10 (de las disidencias) de cometer abusos contra la población -lo que también hace el ELN-, de dedicarse al narcotráfico y de expandir su presencia a zonas controladas» por ellos, según el informe.
Estos dos grupos armados, que en el pasado fueron aliados en Arauca, han cometido en su guerra no solo asesinatos sino también otras violaciones de los derechos humanos, como reclutamiento forzado -incluso de menores de edad-, y desplazamiento forzado en los que han estado implicados miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.
Militares venezolanos involucrados
«Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente», manifestó la directora en funciones para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk.
Según el informe, esos militares venezolanos «han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos» que pueden dar lugar a «investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad».
Para esta investigación, Human Rights Watch visitó en febrero los departamentos colombianos de Arauca y Vichada y entrevistó a más de cien personas entre líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, así personas del común, 43 de las cuales dijeron haber huido de Apure por la violencia del ELN y las disidencias de las FARC.
Dichos grupos «utilizan la violencia para c
El organismo señ;ala que las autoridades colombianas han intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca con el envío de refuerzos militares pero dichas operaciones «no han protegido suficientemente a la población».
«Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas», agregó Taraciuk.
EFE
