Eduardo Soteldo | LA PRENSA de Lara.- Los embajadores venezolanos Antonio Ecarri e Isadora Zubillaga llevaron una denuncia sobre la explotación en el arco minero venezolano a la Cumbre Mundial del Clima 2019 (COP25)& ; que se realiza en Madrid, España.
Según lo que indica una nota de prensa difundida por LaPatilla, los funcionarios venezolanos explicaron que el Gobierno venezolano está «devastando» el arco.
«El Arco Minero del Orinoco, una zona rica en recursos minerales de aproximadamente 111.843 kilómetros cuadrados y donde habitan 16 comunidades indígenas, está siendo devastado por el Gobierno usurpador tras la extracción a mansalva de minerales como oro, diamantes, hierro, cobre, coltán y bauxita, con la única intención de obtener ingentes recursos económicos que ya no pueden obtener tras la destrucción de la industria petrolera«, dijo.& ;
De acuerdo a la información, los recursos del arco están siendo explotados por «pranes, militares e integrantes de la guerrilla», quienes transportan los cargamentos hacia Curazao, Aruba, Colombia y Brasil, por vía aérea o a través de los ríos.
Ante esto, la comisionada presidencial Zubillaga, denunció que los trabajos ilegales en Amazonas han generado el brote de enfermedades como paludismo y la malaria.& ;
«Los bosques deforestados y los fosos de agua estancada en el Arco Minero han desatado enfermedades como paludismo y malaria. El sol calienta rápidamente el agua y ya que no hay sombra de los árboles, lo que acelera el desarrollo de las larvas», comentó.
Cabe señalar, que un estudio que realizó la ONG Provita concluyó que al menos 5.266 km2 de la vegetación de Amazonas ha sido devastada con el fin de activar operaciones de explotación ilegal, en las últimas tres décadas.
Abusos contra menores
Zubillaga también denunció los graves delitos de abusos contra menores de la comunidad indígena de la zona, quienes son vulneradas por trabajadores o vendidas a cambio de gramos de oro.
Un informe de la Organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru señala que las niñas y adolescentes son obligadas a tener intercambios sexuales o las venden como esclavas a cambio de gramos de oro (entre cinco y 10), «las menores son las más caras», explican. Estas prácticas derivan en altos índices de femicidios y violencia territorial, reseña parte del comunicado.