Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.-& ; La enfermedad de las mil caras amenaza con estragos a la mayoría de pacientes que no pueden cumplir el control médico ni tratamiento contra la esclerosis múltiple. Una zozobra que cubre al aproximado de 1.500 casos en el país y Lara está entre los estados con más diagnósticos, con un estimado de 500 pacientes. Denuncian que reciben suministro del Estado, pero no es regular, muchas veces está vencido o indicado para la etapa inicial. Una sentencia directa a discapacidades que empiezan por limitar la movilidad.
Según María Eugenia Monagas, presidenta de la Asociación Civil de Pacientes con Esclerosis Múltiple (Acpem), es una realidad que abarca a todo el territorio nacional. «Este recordatorio del día mundial de la enfermedad sólo nos recuerda que continúan las denuncias, faltan medicamentos y sigue decayendo la salud integral«, explica que conocen de medicamentos vencidos con riesgos a reacciones o sin esperar ningún efecto.
Cuando no se cumple el tratamiento médico se exponen a la discapacidad en general, en cuanto al conocimiento y movilidad, surgen problemas en la orina, la vida sexual e incluso en el equilibrio. El temor a que aumente su discapacidad los hace protestar, pero de manera virtual porque no pueden estar en la calle, les afecta el calor, tienen fatiga con molestias y algunos han sufrido complicaciones que los hacen depender de una silla de ruedas.
En la asociación regional comentan que los 500 pacientes de Lara vienen arrastrando secuelas porque pasaron cinco años sin tratamiento. En la actualidad vienen recibiendo tratamiento desde el final de 2021, pero no se cumple con regularidad, algunos reciben de un lote vencido y por lo general les suministran interferones que son más recomendados para la etapa inicial de la enfermedad.
Las entregas deberían ser mensuales, pero conocen de casos que reciben dos semanas después del mes. Una demora que incide directamente en el progreso de la discapacidad, además de condicionar a los familiares más cercanos, quienes terminan comprometidos como cuidadores.
Son circunstancias adversas ante el déficit de especialistas en centros asistenciales públicos y tal como ocurre en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, puede representar la espera por una cita tardía con el neurólogo. Expresan que se trata de un doctor con pericia en esta área, debido a la complejidad de esta enfermedad que degrada el sistema inmunológico.
Las emergencias pueden llevarlos a consultas privadas con neurólogos en los que el costo es de $60 y del fisiatra alrededor de $50, además de las sesiones que oscilan entre $5 a $15. Es una situación crítica, considerando a la gran mayoría que no tiene posibilidad de trabajar para contar con un ingreso económico fijo.