Agatha Reyes | LA PRENSA.- Los allanamientos motivados por protestas efectuados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cicpc en Lara han sido blanco de denuncias por gran parte de la sociedad civil y juristas de la región, quienes consideran que los funcionarios responsables del orden público, han violado la privacidad de los recintos familiares en más de una oportunidad.
El abogado del Foro Penal, Pedro Troconis, ha respaldado las denuncias y explica que los allanamientos realizados en Valle Hondo y en el Club Hípico Las Trinitarias se han realizado de forma irregular.
En el caso de Palavecino, comenta que durante los procedimientos realizados por la antigua “PTJ”, no existió presencia de un Fiscal del Ministerio Público que corroborara que la acción realizada, se hiciera de forma legal.
Lamentó lo ocurrido en Las Trinitarias, donde diferentes comisiones conformaron al menos 500 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad ingresaron a 8 apartamentos con una misma orden. “Son allanamientos irregulares, la GNB utilizó una misma orden para entrar en varios inmuebles” acotó.
Mencionó que con esa misma orden, pero con una dirección distinta, la GNB ingresó a una vivienda y detuvieron a dos hermanos. Asegura que es un caso que está en investigación porque, presuntamente, en la boleta de ingreso de los funcionarios les colocaron una dirección distinta a la de su domicilio residencial, de tal forma que coincidiera con la orden, algo que confirmaron vecinos de la zona.
Troconis le recordó a los funcionarios que con la ejecución de allanamientos irregulares, violan el artículo 184 del Código Penal, que establece “que el funcionario con abuso de sus funciones o faltando a las condiciones o formalidades establecidas por la ley, se introduzca en domicilio ajeno o en sus dependencias, será castigado con prisión de 45 días a 18 meses”.
El abogado del Foro Penal asegura que en varios procedimientos la GNB se ha burlado del Ministerio Público y del Poder Judicial, utilizando las órdenes a su conveniencia, algo que debe ser denunciado por los afectados, aunque rechaza que el ministerio actúe con discriminación dando mayor importancia a ciertos casos.
“Las instituciones públicas han perdido autonomía e independencia”, asegura Troconis al argumentar que funcionarios esperan órdenes superiores para ejecutar procedimientos, rechazando la sumisión de las instituciones, cuando deberían ser organismos autónomos.