Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Aunque el gobierno venezolano tenga la óptica de que puede hacer justicia en los tribunales nacionales en los casos de lesa humanidad, la realidad es que la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, confirman que no, a menos que haya cambios profundos en el sistema de administración de justicia. Así lo indicó el coordinador de Foro Penal de Venezuela, en Lara, abogado Abraham Cantillo.
«Yo creo que en este momento todas las personas que contribuyeron para materializar la violación de derechos humanos, en especial en el estado Lara, donde llegamos a ser una de los primeros estados en persecución, en detenciones arbitrarias, deberían reflexionar porque pueden ser investigados en algún momento, y la justicia internacional no prescribe», advirtió.
Sostiene que si bien hace unas semanas la Asamblea Nacional dominada por el PSUV reformó el Código Orgánico Procesal Penal, donde alega que se podrían investigar los casos de lesa humanidad en Venezuela, de acuerdo a lo que establece el Estatuto de Roma, norma legal en la que se sustenta la Corte Penal Internacional, es primordial que más que autores materiales de las violaciones sistemáticas de derechos humanos desde 2017, se investiguen a las cadenas de mando.
«Hay un cambio notable con la modificación del Código Orgánico Procesal Penal, ese cambio le permite al Estado Venezolana juzgar delitos de lesa humanidad, pero ¿qué forma va a juzgar?, ¿a nivel personalísimo?, porque el problema de los delitos de lesa humanidad es que tienen que pensar en la víctima y si la víctima está conforme en la forma que se juzgó, fabuloso, porque juzgar únicamente a la persona que violenta a ese detenido, o que genera la detención arbitraria, no. En materia de delitos de lesa humanidad se habla de la cadena de mando, quien promueve, quien ordena, quien práctica, quién genera la detención, debe ser investigado», alertó.
Para que el Estado coopere con la justicia internacional por ser signatario del Estatuto de Roma, tiene que haber un principio básico de no repetición de violaciones de derechos humanos. El Estado venezolano tiene que reestructurar y tomar medidas donde no vuelva a repetirse, los crímenes, reiteró.
Precisó que en diciembre el fiscal de la CPI tendrá que rendir cuentas en una asamblea de los países miembros de esta instancia judicial, en el que tendrá que decir cuál va a ser el curso de la investigación.
Todas estas investigaciones dependen de los familiares de las víctimas, no del Estado venezolano. Si los familiares de las víctimas se encuentran conformes la fiscalía de la CPI, podría de alguna manera cambiar el curso, pero si hablamos de 2017 a la actualidad y todavía hay un comité de víctimas, yo creo que aquí lo que hay que cambiar es una serie de situaciones, porque seguimos generando las consideraciones que la CPI no tiene nada que ver con el sistema judicial venezolano. Y no es que le está pidiendo el favor al Estado venezolano, hay suficientes víctimas, suficiente información para saber qué casos van a ser investigados de aquí en adelante», refirió.