José Najul | LA PRENSA.- El doctor Jorge Rosell, magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia asegura que la conspiración contra las formas políticas republicanas, que habrían cometido los magistrados del actual Poder Judicial se paga con varios años en la cárcel.
La ruptura del hilo constitucional que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) propició al arrebatarle las funciones a la Asamblea Nacional (AN) con las sentencias 155 y 156 es un delito bien especificado en el Código Penal, que tiene una pena de 8 a 16 años de presidio.
Lo detalla el doctor Jorge Rosell Senhenn, magistrado emérito de TSJ, quien especifica que la retracción de las medidas con un par de sentencias posteriores -157 y 158- no los absuelve de las responsabilidades punibles según el marco legal venezolano.
Rosell, quien es corredactor del Código Orgánico Procesal Penal, también señala que es la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la encargada de motorizar todas las investigaciones en contra de quienes provocaron la ruptura del hilo constitucional. Es por eso que, a su juicio, la funcionaria no debería estar denunciando sin tomar acciones, y mucho menos “hacer la pantomima de estar defendiendo el régimen democrático” al ir a hablar con el presidente Nicolás Maduro, quien se atribuyó la resolución de un “impasse entre los poderes públicos”.