José Daniel Sequera | LA PRENSA de Larab.- La falsa libertad le duró nueve meses. Anabel Beatriz Cordero Vargas (28), una de las cuatro privadas de libertad que se fugaron del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como «Uribana», en septiembre del 2019, resultó detenida por funcionarios de Poliyaracuy en Yumare, municipio Manuel Monge, mientras portaba documentos de identificación falsos.
Cordero se escapó del penal junto a Franchesca Alejos (24), Yeneska Sira (36) y Ligia Godoy (38), la madrugada del 25 de septiembre por una alcantarilla. Ellas fueron sacadas del «Dormitorio 2» del anexo de mujeres de Uribana para extraer agua de un tanque y aprovechando el «bululú» de presos, bajaron de forma sigilosa por la alcantarilla.
Desde entonces cuerpos de seguridad estaban tras la pista de los mujeres, pero no habían tenido éxito. Fue el pasado sábado cuando, supuestamente, por una información anónima que recibieron funcionarios de Poliyaracuy destacados en Yumare, se enteraron que Cordero estaba en ese pueblo, donde al parecer andaba escondida.
Los funcionarios llegaron hasta la calle El Mamón del sector Poblado La 10 y lograron ubicarla. Cuando le pidieron sus documentos personales, ella entregó un carnet migratorio y una cédula venezolana con el nombre de Ana Desireé Godoy Aponte, y en ambos documentos salía la misma foto de ella bien maquillada y peinada.
La foto repetida en los documentos causó suspicacia en los funcionarios policiales, por lo que comenzaron a interrogarla, confesando finalmente que esos documentos eran falsos y admitiendo que su nombre era Anabel Cordero. Al verificarla en Siipol, ellos se enteraron que estaba solicitada por haberse fugado del centro penitenciario Uribana.
Además de la solicitud, a Cordero también le apareció la entrada por el Cicpc Barquisimeto del delito de robo a transporte público del 2013 por el que estaba pagando condena en el penal. Los policías le pusieron los ganchos y se la llevaron detenida.
Fuentes policiales afirmaron que la privada de libertad sería puesta a la orden del Ministerio Público (MP), para devolverla nuevamente a Uribana.
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