Luis Felipe Colmenárez | LA PRENSA de Lara.-& ;La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció en rechazo a la primera audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se abordó la disputa territorial sobre el Esequibo.
«Acaba de concluir la sesión de la Corte Penal Internacional a solicitud de Guyana pidiendo reconocer el Laudo Arbitral de 1899», notificó.
«Venezuela históricamente no ha reconocido jurisdicción a la CIJ» expuso la vocera del oficialismo mientras añadía que no se ha registrado ningún evento extraordinario pues la corte decidió estudiar de manera preliminar si tiene o no competencias para reconocer la solitud hecha por Guyana.
En este sentido, Rodríguez precisó que «bajo ningún concepto se puede obligar a una de las partes a acudir a la corte sin su consentimiento».
La vicepresidenta considera que no se puede disponer de forma unilateral sobre el Esequibo pues alega que existen mecanismos de negociación política.
Por otro lado, afirmó que, con este accionar, «Guyana asesina el Acuerdo de Ginebra», suscrito en 1966, en el cual se reconoce la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo.
Recordó que para llegar a tal acuerdo, hubo una comisión que debía dar resultados en cuatro años, sin embargo, no se llegó a nada.
«Inmediatamente después, Venezuela quiso retomar las negociaciones. En cambio, la postura histórica de Guyana nunca ha sido llegar a un acuerdo, ellos querían 12 años más de pausa. Nuestro país es quien ha impulsado la búsqueda de acuerdos», dijo.
Finalmente, comentó que el gobierno de Nicolás Maduro no caerá en ninguna «extorsión» por parte de Guyana la cual, según asegura «pretende instrumentalizar la maquinaria militar al servicio de la ExxonMobil para amenazar la paz de nuestro país y nuestra región».& ;
Venezuela reclama soberanía sobre la extensa región del Esequibo, rica en minerales y bosques que abarca una zona marítima con recursos petroleros. Guyana defiende un límite territorial establecido en 1899 –cuando Guyana era colonia británica– por un tribunal de arbitraje basado en París e integrado por dos jueces estadounidenses, dos británicos y una ruso.
Caracas no reconoce ese límite y el conflicto volvió a caldearse en 2015, cuando se anunció un hallazgo significativo de crudo en una concesión otorgada por Guyana, que según Venezuela está en las aguas en disputa.
En marzo de 2018, Guyana interpuso una demanda contra Venezuela ante el juez de la Haya para resolver la disputa territorial entre ambos Estados sobre la región.
El caso pasó a manos de la CIJ luego de que así lo ordenara el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Debido a la pandemia de COVID-19, la audiencia había sido pospuesta hasta que la corte dio a conocer que el examen del caso se realizaría a través de una teleconferencia.
Por su parte, Venezuela rechazó la decisión y anunció que no comparecería pues a su juicio la corte carece de «jurisdicción» en lo que afirman es una «demanda unilateral».
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