LA PRENSA.- Este jueves, la fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, entregó un recurso de nulidad contra el decreto del Arco Minero a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional que se encuentra en condición de exilio.
Desde Bogotá, Ortega indicó que la explotación de minerales en el estado Bolívar afecta a las personas que habitan en esta entidad y que además el gobierno de Nicolás Maduro solo busca legitimar a los grupos «mafiosos de militares y civiles» que están detrás de esta trama corruptiva.
El gobierno de Maduro, en su afán de estar en el poder y de recibir oxígeno, porque está ahogado, porque todo el dinero se lo han robado, ha hipotecado a la nación y los valiosos recursos naturales que se encuentran en Bolívar», Ortega Díaz dijo que buscan proteger el ambiente de una zona con una amplia biodiversidad y garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas que viven en la zona. «Se han visto atacados, expulsados de su lugar de origen. Ellos nunca fueron consultados».
Advirtió que con el Arco Minero se producirá un daño irreversible a los monumentos naturales del país, tales como los tepuyes, la parte baja del Caroní y las reservas forestales de Imataca.
Condenó que la explotación desmedida compromete a las aguas suelos con daños irreversibles y que pueden ocasionar malaria, intoxicaciones y cáncer.
Dijo que luego de la recepción del TSJ, llevarán el recurso hasta los organismos internacionales.