Ismar Álvarez G. | LA PRENSA DE LARA – Al menos 130 mil connacionales han retornado a Venezuela desde que se decretó el estado de alarma por la llegada del coronavirus al país. Según la ONG Human Rights Watch (HRW) junto al Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, el gobierno de Nicolás Maduro ha sometido a los retornados al hacinamiento y condiciones insalubres en los centros donde deben cumplir la cuarentena antes de llegar a su destino, lo que provocaría, probablemente, el incremento de los contagios por COVID-19.& ;
El informe de HRW explica que los venezolanos habitaban en otros países latinoamericanos y regresaron al Venezuela debido al impacto económico ocasionado por la pandemia, pero al llegar a su país se encontraron con Puntos de Atención Social Integral, (PASI) en precarias condiciones, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica.
El informe además refleja el trato abusivo al que algunos venezolanos fueron sometidos por quejarse de la situación.& ; «Algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos. Además, a muchos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de COVID-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo» expresa el documento.& ;
«Enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el COVID-19 (…) Exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública» expresó la doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros de Johns Hopkins.
A pesar de que estos puntos de control fueron establecidos para frenar la propagación del virus en los diferentes de estados del país, por los casos importados o por contacto con ellos, los entrevistados por HRW indicaron que en cada habitación de los centros se encontraban una gran cantidad de personas, haciendo que cumplir con distanciamiento social resulte imposible y se agrave el riesgo de transmisión del virus entre los aislados.& ;
«En algunos casos, personas que ingresaron en los centros en distintos momentos o que estaban en distintas etapas del protocolo de testeo no estuvieron aisladas unas de otras. En hoteles utilizados como PASI, quienes estaban en cuarentena a veces compartían espacios comunes con huéspedes que no usaban mascarillas» señala.& ;
«Los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de COVID-19 en ambos lados de la frontera»& ; explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Asimismo, el documento señala que el pasado 10 de julio HRW pidió información a las autoridades venezolanas sobre su respuesta ante la hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones precarias en las cuales son recibidos, no obstante, el gobierno de Nicolás Maduro no ha respondido.& ;
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