LA PRENSA | EFE.- Venezuela acudió hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), acusada de despedir en 2004 a funcionarios públicos que firmaron una petición de referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez, lo que el Estado atribuye a situaciones “contractuales avaladas por ley”.
La CIDH acusa a Venezuela de incurrir en discriminación por razones políticas y de violar los derechos políticos y la libertad de expresión de las tres denunciantes de este caso: Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thaís Coromoto Peña, las únicas funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras (CNF) que firmaron la solicitud del referendo, según reseñó Efe.
«La Corte tiene la oportunidad de pronunciarse sobre las salvaguardas para que todos puedan ejercer sus derechos políticos sin temor», apuntó Eguiguren.
Los jueces escucharon en la sede de la Corte el testimonio de San Miguel, una abogada que se desempeñaba como asesora jurídica del CNF y que hoy trabaja como defensora de derechos humanos (DDHH) en Venezuela.
«Los derechos políticos me asisten, como a todos los venezolanos, para solicitar el referéndum a pesar de la estigmatización que ello conlleva. (Funcionarios del Gobierno) Nos llamaron traidoras y terroristas», manifestó San Miguel.
La abogada relató que el Gobierno de Chávez recibió del Consejo Nacional Electoral (CNE) la lista de tres millones de venezolanos que firmaron la petición de referéndum y luego el entonces presidente la hizo pública.
San Miguel dijo que sufrió afectaciones, tales como: “ser despedida de la docencia, la pérdida de la carrera militar de su esposo como represalia gubernamental, amenazas de muerte, persecución a su familia, así como secuelas físicas y emocionales”.
«Quien tiene una posición crítica y disidente en Venezuela es castigado. Podemos llegar a Venezuela y ser castigados», advirtió la abogada, quien relató una serie de dificultades que enfrentaron las denunciantes de este caso para salir de su país y estar presentes en la audiencia de hoy.
La también asesora jurídica del CNF agradeció a los jueces de la CorteIDH, porque «es la primera vez que me escucha un tribunal imparcial e independiente», dijo. Como también, le pidió a la institución medidas para que situaciones similares no se vuelvan a presentar.
«Quiero que se sepa la verdad de lo que sucedió con nosotros (…) y que sigue sucediendo. Quiero que se sancione la discriminación política porque está destruyendo el alma de Venezuela y va a acabar llevando a una guerra entre nosotros mismos», expresó San Miguel entre lágrimas, según relató Efe.
El Estado venezolano presentó al perito César Augusto Tillero, quien se desempeña como asesor jurídico en el país, quien en su exposición señaló que las demandantes trabajaban para el Gobierno con contratos por servicios profesionales y no como funcionarias de carrera.
«La ley permitía dar por terminado el contrato sin determinar causas explícitas y sin el requisito de hacerlo con un mes de anticipación», aseguró Tillero.
El abogado hizo una diferencia entre los funcionarios de carrera y los «funcionarios de libre nombramiento y remoción», categoría en la que el Estado afirmó que se encontraban las denunciantes.
«Solo gozan de estabilidad los funcionarios de carrera, los contratados no, porque es otro régimen», comentó Tillero.
La CorteIDH, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), podría emitir una sentencia durante este año.