EFE | LA PRENSA DE LARA.- Activistas de derechos humanos y líderes políticos latinoamericanos exigieron este viernes la liberación de los «presos políticos» en Nicaragua, Bolivia y Venezuela y abogaron por la conformación de iniciativas que permitan trabajar de forma conjunta por los derechos de esos detenidos.
«Demandamos la liberación de todos los presos políticos. Las ideas se combaten con ideas, no encarcelando a quienes piensan diferente», declaró la presidenta de la Fundación Arias para la Paz, Suzanne Fischel, que junto a la embajada de Venezuela en Costa Rica organizó este viernes el foro «SOS: Presos políticos», en el marco del Día de los Derechos Humanos.
LA SITUACIÓN DE VENEZUELA
Uno de los expositores es el fundador del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, quien estuvo preso y salió al exilio tras conocer una condena de casi 14 años de cárcel.
«El problema de los presos políticos se esta normalizando en la región, son parte del paisaje, del día a día de la comunicación», lamentó López, quien agregó que haber vivido «esa realidad en primera persona» le obliga a «hacer más».
En ese sentido, planteó en el foro la posibilidad de crear una alianza de familiares de presos, organizaciones no gubernamentales y políticos.
La diputada venezolana Delsa Solórzano aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro viola los derechos humanos «todos los días» y detalló que en su país hay «más de 300 prisioneros de conciencia».
«No hay discriminación a la hora de perseguir, se persigue a cualquiera que levante la voz contra la opresión del régimen. Los informes de organismos internacionales son cada vez más terroríficos», expresó, antes de recordar que hay 6 millones de venezolanos en el exilio.
LOS CASOS DE BOLIVIA Y NICARAGUA
En el foro participó Carolina Ribera Áñez, cuya madre Jeanine Añez se encuentra en prisión acusada de sedición en un presunto golpe de Estado tras presidir temporalmente el país ante la renuncia del mandatario Evo Morales y de los siguientes funcionarios en la línea de sucesión.
El Gobierno de Bolivia considera que Áñez llegó al poder a través de un «golpe de Estado» y no por sucesión Constitucional, ya que argumenta que eso no le correspondía pese a su condición de segunda presidenta del Senado, tras la renuncia de Morales y la dimisión masiva de las autoridades en línea de sucesión.
«El 13 marzo de 2021 mi madre fue aprehendida, secuestrada y llevada a una cárcel de máxima seguridad acusada de terrorismo y sedición sin pruebas, sin debido proceso. Ha sido torturada, violentada múltiples veces y se le ha negada su acceso a la salud. Hoy es una presa política, sufre una condena anticipada de casi 9 meses por un delito que no existió y por la venganza de un partido político», declaró Ribera Áñez.
Ribera aseguró que en Bolivia hay en la actualidad 50 presos políticos.
El caso de Nicaragua, donde organismos de derechos humanos cifran la cantidad de presos políticos en alrededor de 300 en la actualidad, fue abordado por Alexandro Álvarez, quien trabajó en la a la Mesa de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Álvarez relató que la crisis de Nicaragua comenzó en 2018 con las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y se ha extendido hasta a actualidad, con lapsos de empeoramiento como las elecciones del pasado 7 de noviembre en las que el mandatario, en el poder desde 2007, logró una nueva reelección.
El proceso electoral ha sido desconocido por la mayoría de la comunidad internacional debido al encarcelamiento de los principales aspirantes presidenciales de la oposición.
Álvarez afirmó que en Nicaragua hay al menos 40 presos «de alta visibilidad pública» y que luego de las elecciones las detenciones han continuado, pero a personas disidentes de un perfil menos notorio.