Croes/González | LA PRENSA.- El aumento del 50% del salario a partir del primero de septiembre anunciado por el presidente Nicolás Maduro lejos de alegrar y mejorar la capacidad de compra les generó un alto grado de incertidumbre a los trabajadores tanto de las empresas públicas como de las privadas, quienes temen que hayan una sacudida en sus fuentes de empleo y sino comiencen a cobrar el ajuste a partir del año que viene.
Empleados del sector privado están con zozobra por el incremento, pues temen que los “saquen”, de sus trabajos. María Rodríguez contó que trabaja en una tienda de ropa, siente temor a que su jefa la despida por no tener cómo pagarle más de 60 mil bolívares al mes. “Seguro hará un ajuste de personal o cerrará el negocio”, lamenta Rodríguez.
Devora tabulador
La mayoría de los empleados públicos no han terminado de cobrar el salario con el ajuste general del primero de mayo cuando el presidente Nicolás Maduro soltó el bombazo del incremento del 50%. Ante el rezago de los pagos, dirigentes sindicales de la administración pública expresan que estiman cobrar dicho ajuste para el año que viene.
Víctor Granda, secretario ejecutivo del Sindicato de la Gobernación, indica que los más de 34 mil trabajadores del Ejecutivo regional demoraron cuatro meses para comenzar a cobrar el ajuste del 30% realizado en mayo. “La Gobernación no tiene recaudación propia, por lo cual dependemos del situado constitucional y hay que presionar para que se lo transfieran a las dependencias”.
La preocupación parte en que el incremento solapó todo el tabulador regional y municipal. Del nivel 1 al 14 cobran apenas 13 mil bolívares. Mientras que del 15 al 26 devengan entre 19 mil y 25 mil bolívares lo que deja a los últimos niveles ligeramente por encima del sueldo mínimo.
“Se acabó la meritocracia y la carrera pública porque ya todos pasamos a ganar menos de salario mínimo”, expresa Granda, quien señala que en muy poco tiempo pasaron a cobrar “sueldos de hambre”.
Édgar Torrealba, representante sindical de la Alcaldía de Iribarren, sostiene que este nuevo incremento revivirá las pugnas políticas entre el alcalde y los concejales bolivarianos del concejo municipal. “Son más de 5 mil trabajadores los que padecemos la tardanza en la aprobación de los créditos adicionales para cancelar las partidas 4001 (sueldos y salarios).