viernes, 22 noviembre 2024
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“Se confabulan en contra de uno de los derechos de los venezolanos”

Jose Miguel Najul | LA PRENSA.- La descomposición moral se ha esparcido en todas las es­tructuras del poder del Estado que, para sostener un régi­men popularmente minorita­rio, deciden confabularse en contra de uno de los derechos fundamentales de los venezo­lanos, y de cualquier ser humano: el voto.

Lo señala Enrique Romero, presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara (CAEL), quien asegura que el Gobierno ha provocado que las instituciones se constitu­yan en “el vehículo para la ne­gación de la democracia”.

Romero, quien se sumó al acto de rebeldía que empren­dieron todos los colegios de juristas junto a la Federación de Abogados en contra de las decisiones del Tribunal Su­premo de Justicia (TSJ), es frontal en sus declaraciones, y asegura que las últimas deci­siones en contra del referén­dum revocatorio son “el reco­nocimiento expreso de la utili­zación del sistema de justicia para la violación de los dere­chos de los ciudadanos”.

Es por eso que, considera, a estas alturas que, “la lucha que debe dar la oposición ve­nezolana ha trascendido el plano jurídico, y debe enfocar­se en la dimensión política”.

Para ello, Romero apunta que más que la activación de los mecanismos de “desobe­diencia civil” que algunos di­rigentes esbozan desde el artí­culo 350 de la Constitución, deben utilizar la protesta pací­fica, pero sistemática y con­tundente, para generar la pre­sión popular necesaria para promover un cambio y el restablecimiento del Estado de derecho.

¿Por qué dice que hay una componenda de poderes que niega la democracia?

Porque es evidente que hay una componenda entre el po­der Ejecutivo, el TSJ, el CNE y estos jueces de tribunales re­gionales que, lamentable­mente, apartándose del jura­mento de defender la verdad, se convirtieron en el vehículo para la negación de la demo­cracia.

¿Con qué bases lo dice?

Porque un elemento consti­tutivo de la verdadera demo­cracia es la posibilidad de ex­presarse, de votar, manifes­tándose a través de los canales regulares.

¿No se sabía de antemano que podía morir el revocatorio por esta vía?

No a esta magnitud. Ade­más, es evidente la crisis judi­cial al ver que las cinco deci­siones fueron dictadas casi si­multáneamente, en el mismo orden y las decisiones tomadas en los mismos términos.

¿Y eso qué significa?

Es sinónimo de una confa­bulación para negar el dere­cho básico, que es el de expre­sarse. El Gobierno tiene pa­vor de enfrentarse al arma más efectiva que tiene el ciu­dadano: el voto. No a las ar­mas que ellos alzaron en el 92, en contra de miles de ve­nezolanos asesinados. En es­ta oportunidad el clamor era el de expresarse, para darle paso a una salida democráti­ca, pacífica y constitucional.

¿Es raro que estos cinco tri­bunales se hayan pronuncia­do simultáneamente sobre una misma materia?

Por supuesto que lo es. Ob­viamente eso aclara mucho el panorama. Es el reconoci­miento expreso de la utiliza­ción del sistema de justicia para la violación de los dere­chos de los ciudadanos. No es casual que cinco tribunales del país, a coro, estén torpe­deando un proceso para el que la ciudadanía se prepara­ba con fe y entusiasmo, de manera pacífica.

¿Por qué dice que el venezo­lano aún tiene la capacidad de elegir?

Frente a este abuso y bofe­tada que estos pseudojueces le hacen a la sociedad venezo­lana, la población puede deci­dir qué va a hacer: si quedarse apoltronado, observando la situación desde la televisión, o definitivamente salir a pro­testar enérgica y cívicamente en contra de los abusos y la negación de expresarse a tra­vés del voto popular.

Jurídicamente, ¿hay alguna respuesta efectiva?

Tristemente este problema rebasó lo jurídico.

¿A qué se refiere?

A que aspirábamos que quedara una reserva en el sis­tema de justicia que pudiera frenar estos abusas, pero no es así. Poco importa el respe­to verdadero a la Constitu­ción y las leyes y las medidas que la oposición pueda tomar desde ahí. Por eso digo que es un problema político, no jurí­dico.

¿Cómo ve que sean tribuna­les penales los que se utilicen para esta decisión?

Están tratando guardar una supuesta apariencia de legali­dad, que no es tal. Como se trata de un supuesto fraude, que a su vez el CNE ya había manifestado que eran sufi­cientes las firmas. Quieren buscar una apariencia de le­galidad y justicia. Intentan una querella de fraude que no pueden presentar ante un tribunal civil o administrati­vo.

¿Por qué no podrían haber ido a estos tribunales?

Porque se trataría de un de­lito penal, y le correspondería a esa jurisdicción. Pero el juez penal no tiene facultad para dictar esa medida caute­lar prohibiendo la posibilidad de que se ejerza un derecho humano de la población.

Se deja entrever en el men­saje del CNE que, con una decisión del TSJ, la suspen­sión indefinida del revocato­rio podría revertirse, ¿es posi­ble?

Siempre es posible, en este juego peligroso y maquiavéli­co, al que está jugando el TSJ y el Gobierno, que se dicten este tipo de decisiones. Pero dependerá de varios factores.

¿Qué factores son esos?

De la capacidad de respues­ta y de presión que demues­tre la gente. Por eso digo que no nos han quitado el dere­cho a elegir. La gente puede quedarse en la casa o salir a la calle y reclamar en contra de esta situación.

¿Qué impacto tendría el pronunciamiento de tribuna­les e instancias jurídicas de nivel internacional sobre esta decisión?

Siempre es interesante la participación de la comuni­dad internacional, porque no pueden voltear la cara ante un país en el que las actua­ciones de sus instituciones no se fundamenten en principios democráticos.

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