Lorena Rojas | LA PRENSA DE LARA.- «No hay condenas en los casos de graves violaciones de derechos humanos porque hay una impunidad estructural, donde tiene una altísima responsabilidad el Ministerio Público…;», así lo denunció Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad de Provea, quien señ;aló que durante el 2021 en Venezuela hubo un aumento del 148,4% en los casos de tortura en comparación con 2020. Según Provea, sólo el añ;o pasado contabilizaron 241 víctimas de técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física, además de violencia psicológica.
Alvarado señ;ala que ese incremento no sólo se da por no investigar y sancionar casos de tortura, sino por no tomar en cuenta las ejecuciones extrajudiciales. «Hay que preguntarse el por qué las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) desde su creación ha asesinado a miles de personas y no se abrió una investigación a sus directores», cuestionó. Además, hizo referencia a que durante el 2021 el Cicpc fue el organismo con mayor número de ejecutantes de presuntas torturas.
«Esta impunidad y el no investigar no sólo no se hace en los autores materiales, sino también en aquellos que tienen mayor responsabilidad en estos presuntos crímenes de lesa humanidad», dijo.
Asegura que las prácticas de tortura que se están aplicando en el país se hacen en los calabozos de organismos de seguridad a personas detenidas por motivos políticos; sin embargo, también registran casos de aprehendidos por delitos comunes.
El pasado 11 de mayo, la ONG presentó su informe anual sobre la situación de Venezuela en el que advirtieron que pese a la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), las violaciones de derechos humanos no han cesado.
Pobreza
En el informe detallaron un empobrecimiento en alza de la población, donde un 58% de los trabajadores del sector privado estarían en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra sería de 75%. Situación que se replica en el caso de los jubilados y pensionados.
