William Croes | LA PRENSA.- Productores agrícolas están alertas al decreto presidencial. La orden emitida directamente por Nicolás Maduro consiste en que cada productor agropecuario debe destinar el 50 % de su producción a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Asociaciones de productores como Confagan han salido en defensa de justas condiciones para los trabajadores del campo.
Carlos Andrés Díaz, director regional de Confagan, expresa que al conocer el decreto se ha reunido con productores agrícolas de la entidad que han manifestado su preocupación ante las posibles condiciones en la asignación de la cosecha a los militares. Sobre todo, su inquietud se centra en las condiciones de pago que, en experiencias pasadas, no han sido buenas tomando como ejemplo el pago de los quintales de café y otros rubros que han sido centralizados.
“Lo más sano es que los representantes de la Misión Abastecimiento Soberano paguen los rubros a precio fijado por el productor que es quien en verdad hace una importante inversión en insumos, mano de obra y otros factores que deben ser tomados en cuenta al sacar la cuenta del pago”, expresa Díaz, quien considera que la intención del decreto no es del todo mala, pero debe establecer las reglas del juego claras para evitar las especulaciones producto de la zozobra.
Lo que inquieta a los productores agrícolas es que el Gobierno saque las estructuras de costos con los insumos a precio regulado, cuando la realidad es otra. Los productores del campo están comprando abonos, fertilizantes y semillas con precios que rebasan el mil por ciento por encima del precio regulado.
“El Gobierno se ha caracterizado por la demora en los pagos de las cosechas. Hay productores que han pasado casi un año esperando el pago de los rubros vendidos al Estado y así es muy difícil recuperar la inversión porque la inflación se come hasta las ganancias”, indica Díaz quien espera los lineamientos para ver si pudiera haber una relación ganar – ganar.
</INTERTITULO>Siguen atropellos
En los municipios Torres, Morán y Urdaneta los productores han manifestado ser víctimas de atropellos por parte de los funcionarios que conforman el comando rural de la Guardia Nacional Bolivariana. Indican que los funcionarios les retienen las cosechas de maíz, cebollas y hasta del queso que producen con la excusa de que se va a distribuir en el CLAP.