Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara – «Protestar por una desmejora salarial no es boicot. A cuatro trabajadores de Alimex los mantienen privados de libertad en la sede del Cicpc de la avenida Carabobo, desde hace 71 días porque reclamaron que después de ganar 12 salarios mínimos, la empresa les comenzó a pagar un sueldo mínimo sin explicación alguna».
Ese fue el reclamo que hizo Verónica de Montes, esposa de Eugenio Montes, uno de los detenidos por el caso Alimex ante la Defensoría del Pueblo ayer, para solicitar mediación ante el tribunal, para que apruebe la medida cautelar que el Ministerio Público solicitó para los implicados desde el 12 de octubre. Según el abogado del caso, Taydee Vegas, la empresa alegó que los empleados estaban paralizando la producción y por eso están siendo procesados por boicot y asociación para delinquir.