Evana Materán | La Prensa.- Aplican su propia ley. Comerciantes le sacan provecho al pago por transferencia y tarjeta de crédito, pues cobran un incremento entre el 25 y 30 por ciento por cada transacción. Los clientes denuncian que se sienten abusados y sin ninguna autoridad que los proteja.
El cobro de porcentajes se ha intensificado durante el mes de enero. La poca fluidez de efectivo y los altos montos de los productos obliga a los consumidores a cancelar de forma electrónica cayendo en las “trampas” de algunos comerciantes. “En los negocios de los árabes y chinos se ve mucho ese cobro ilegal”, comentó Julio Ruiz quien ya se había enfrentado al exagerado porcentaje al querer pagar con transferencia en un establecimiento asiático ubicado en la avenida Vargas.
Según los consultados, los incrementos dependen del lugar donde se compre. Carmen Aristiguieta contó que a ella le cobraron el 5 por ciento más de lo que costaban sus verduras. Accedió a cancelar el sobreprecio pues era la única forma de llevarse los productos porque no tenía efectivo a la mano.
Claudia Alvarado detalló que también ha escuchado de otros casos en los buhoneros del centro que ofrecen el punto pero hay que trasladarse hasta otro negocio a pagar y ahí es donde dan el golpe con el porcentaje.
La justificación que los vendedores les dan a los clientes que pagan con tarjetas es que están usando un punto alquilado o que el banco les cobra muchos intereses al pasar el plástico. “Un chamo me dijo que no me tenía que quejar sino agradecer que nos están permitiendo pagar así”, expresó un adulto mayor en la avenida 20.
Según el artículo 25 numeral 4 de la Ley de tarjetas de crédito, débito y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, los comerciantes no podrán establecer recargos a los productos vendidos a los clientes a través de cualquiera de estas formas de pago.
Además, señala en el numeral 7 que al consumidor tampoco se le puede excluir de las rebajas u ofertas que existan en el establecimiento al momento de cancelar de forma electrónica. La ley también indica que al cliente no se le puede negar la posibilidad de recibir el ticket que emite el punto de venta.
Los comerciantes que trabajen afectando al cliente están en riesgo de ir a la cárcel. El artículo 65 de la Ley Orgánica de Precios Justos señala que incluso podían ser castigados con cuatro años.