Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Una mujer angustiada que se preocupa por resolver el día a día condenada en un ambiente violento es el perfil de una mayoría vulnerable a las agresiones camufladas en la pobreza. Varias organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres lanzan el alerta por los altos índices de violencia que se registran en el país, desde aquella física y psicológica hasta la económica. En un escalón de violencia, precisan que un 87% de las mujeres sufre violencia psicológica y 59% física, un 64% señ;ala como principal agresor a la pareja o expareja. Los cuestionamientos empiezan por la impunidad desde el Estado que no garantiza seguimiento a las denuncias.
La presentación que incorpora registros de las organizaciones «Con ellas» y «Prepara familia», también hace énfasis en las precarias condiciones de vida que generan dificultades en una de cada cuatro mujeres para cubrir gastos de la higiene durante el período menstrual, sin posibilidad de comprar toallas sanitarias. Pero el dato se agrava cuando contabilizan que un 44% no tiene acceso a servicios médicos que permitan controlar enfermedades crónicas.
Al analizar el contexto político, Marisol Bustamante, defensora de derechos, lamenta la anarquía institucional que se propicia desde la impunidad y deja a la violencia como un problema de salud pública. «La ausencia del Estado de derecho empieza a sentirse desde niñ;as hasta las adultas mayores», advierte de la pérdida del sentido de la denuncia, resignándose a no formularla y con casos que ni siquiera avanzan con el debido proceso judicial.
Emilin Piñ;a, desde la Fundación «Mujer tu voz tiene poder», denuncia que las mujeres suelen ser más vulnerables ante la crisis humanitaria y sin tener la garantía de empleo digno. Sus preocupaciones pueden empezar por tratar de resolver a diario de esa cotidianidad plagada por las fallas de servicios públicos. Considera que la impunidad y silencio de las autoridades empieza por el ausentismo institucional.
José Ramón Quero, desde la Asociación Civil Convite en Lara, precisa que en abordaje realizados en comunidades se evidencia el aumento generalizado de la violencia y recrudecida en las zonas más reprimidas económicamente. «Cuando empezamos por el derecho a la salud, no pueden sacrificar la alimentación por gastos médicos», señ;ala y lamenta de casos que terminan en complicaciones por falta de chequeo permanente. De hecho, suele ser común en adultas mayores sin asistir a consulta ginecológica desde que parieron al último hijo, un lapso que puede significar muchos añ;os sin control y no permite la detección temprana de alguna irregularidad.
Considera que estar sometidas a la precariedad ya es un acto de violencia, porque les impide la asistencia adecuada. Resalta que organizaciones civiles y fundaciones hacen el intento por ayudar a paliar tantas necesidades, pero no tienen suficiente alcance en esa responsabilidad que debería ser cumplida por el Estado. En Convite hacen el intento y se abocan al programa «Operación esperanza», todo
