Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- Como un arma de doble filo, así describen los familiares de reos al Régimen de Confianza Tutelado (RCT) otorgado por el Ministerio Penitenciario. Hasta junio del año pasado más de 2 mil privados de libertad en todo el país salieron bajo esta modalidad, pero el temor de su familia es que vuelvan a la cárcel o mueran a manos de cuerpos policiales, pues este documento no es otorgado por un juez de ejecución mediante sentencias.
«Mi mayor temor es que luego que les den ese beneficio me lo maten o lo devuelvan a las cárceles porque ellos pueden aparecer en sistema como fugados de un penal», sostuvo la madre de un recluso.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) consideró que el sistema penitenciario es «manejado a conveniencia». Detalló que los únicos responsables de la administración de la justicia debe ser el tribunal de ejecución.
«El régimen de confianza tutelado no es otorgar libertad, es buscar un sistema donde a través del comportamiento del recluso se logre incluirlos en actividades como la agroproductiva, que influyan en su reinserción en la sociedad», comentó Girón.
Cada vez hay más miedo, un familiar contó a LA PRENSA que su pariente salió de Fénix bajo el régimen de confianza hace más de un año y se tenía que presentar mensual en la antigua cárcel de Barquisimeto, pero en enero el Cicpc llegó hasta su casa y le dijo al muchacho que debía presentarse, y al hacerlo descubre que le fue revocado su RCT y una juez de Tribunales larense lo privó de libertad nuevamente y aunque la boleta dice que deber ser enviado a la Comunidad Penitenciaria Fénix-Lara, permanece en un Centro de Detención Preventivo.
«Es injusto porque todo indica que esas libertades que dio la ministra para ese entonces, Iris Varela, no tiene validez», comentó el familiar.
Pero este no es el único caso que se ha registrado, LA PRENSA pudo conocer de tres casos más donde los reclusos fueron retornados a Fénix para terminar de cumplir su pena, sin embargo ONG en defensa de los Derechos Humanos de los reclusos han informado que en los Centros de Detenciones Preventivos hay más casos.
La angustia en las madres creció cuando el año pasado conocieron los casos de Moisés Antonio Herrera (28) y de Javier Enrique Sánchez (26) ambos estaban recluidos en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), de Portuguesa y sobrevivieron a la masacre del 1 de mayo de 2020. El motín trajo como consecuencia el desalojo de esa prisión y el traslado de muchos reclusos a otros centros penitenciarios.
El 14 de mayo, Iris Valera, para ese entonces ministra de Servicios Penitenciarios, otorgó libertades a 217 presos de Cepella bajo la modalidad de régimen de Confianza Tutelada. Herrera y Sánchez fueron unos de los beneficiados y por ser larenses decidieron retornar a sus casas de cola en cola hasta llegar al estado Lara.
Moisés, tenía 10 días de haber llegado a su vivienda en La Lagunita, en Santa Rosa. Allegados denunciaron que el 25 de mayo en la madrugada las FAES llegó hasta su casa, lo sacaron y se lo llevaron a El Turbio para después decir que se trató de un enfrentamiento.
Dos meses después, Javier se convirtió en la segunda víctima que murió en un presunto enfrentamiento contra las FAES. El hecho ocurrió el 23 de julio en la avenida Ribereña, a la altura de la calle 48, era un sobreviviente de la masacre.
A la calle a «su suerte»
El año pasado cuando otorgaron más de 300 liberaciones en Fénix y Uribana, muchos de los excarcelados no tenían como llegar a sus casas y solo les tocó la calle y «a su suerte».
OVP denunció que los privados de libertad no son trasladados a centros abiertos con programas socio educativos y para el trabajo. Detallaron que hubo casos de reclusos que fueron liberados y no podían movilizarse por sus precarias condiciones de salud, por lo que presuntamente funcionarios penitenciarios llamaron a sus familiares para que se encargaran del traslado.
Desde abril, casi que a inicios de la pandemia y hasta junio, el Ministerio penitenciario liberó a 2 mil 102 reclusos bajo el RCT.
«Buscan a los que salen de la cárcel»
Familiares de privados de libertad contaron que los cuerpos de seguridad buscan a los hombres que han sido excarcelados en Lara y en la mayoría de los casos los matan en presuntos enfrentamientos.
«Ellos buscan a los que salen de la cárcel. Muchas veces tienen hasta las fotos de ellos, quién les da esas fotos», sostuvo uno de los familiares de reclusos consultados por LA PRENSA.
Entre los casos ocurridos el año pasado, esta Romel Antonio Valera Campis, de 25 años, quien murió en manos de la Base de Inteligencia (BTI) en presunto enfrentamiento. La versión del tiroteo fue refutada por sus familiares, quienes detallaron que el chamo fue sacado de su vivienda.
Romel es uno de los exreos muertos en manos de los cuerpos de seguridad. Estuvo detenido seis años por el delito de robo agravado, pero fue en 2020 que salió en libertad plena de la cárcel de la Cuarta en San Felipe.