En 2016 se promulgó la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciario EFE | LA PRENSA DE LARA.- El Gobierno de Venezuela ha intensificado su lucha para erradicar el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles, siete años después de promulgada una ley que prohíbe estos aparatos o el acceso a internet dentro de las prisiones, informó este lunes la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista.& ;& ;
«Se hacen requisas diarias para erradicar que los privados tengan esos teléfonos, porque algunos a lo mejor es que quieren comunicarse con sus familiares, pero otros lo usan para otros actos que no deben ser», dijo la funcionaria al canal estatal VTV.& ;& ;
Explicó que en algunas prisiones, sin especificar cuántas o el porcentaje que representan, el Gobierno implementa un sistema de llamadas a parientes a través de teléfonos habilitados.& ;
En 2016, el Parlamento, entonces de mayoría opositora, promulgó la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, con el fin de prevenir la comisión de delitos desde las cárceles, pero hasta el momento las ONG siguen denunciando extorsiones a comerciantes por parte de grupos delictivos que operan desde las prisiones.& ;& ;
La ministra indicó también que trabajan en el «descongestionamiento de los centros penitenciarios» a través de la revisión de penas de los detenidos, a quienes instó a emplearse dentro de las cárceles pues, explicó, dos días de trabajo reducen un día de condena.& ;
Aseguró que los servicios en las prisiones son «totalmente gratuitos», por lo que ningún familiar o privado de libertad debe pagar por alimentación, asistencia jurídica y de salud, así como por las revisiones de medidas judiciales.& ;& ;
«Sí, se garantizan los derechos humanos de los privados de libertad y esa es línea del Gobierno venezolano», remarcó.& ;
En su informe anual, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que en las cárceles de Venezuela se registró un hacinamiento del 64,19 % durante 2022, con una población reclusa de 33.558 personas sobre una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas.
Información: EFE, Caracas, 7 ago.