Agencias | LA PRENSA de Lara – La llegada del Coronavirus a Venezuela no solo encendió las alarmas de las autoridades sino también de los más de 6 mil privados de libertad en el país y sus familiares, debido al hacinamiento y a la falta de alimentos que hay en los calabozos, lo que convierte a la población penitenciaria en una de las más vulnerables ante esta enfermedad.

Desde el inicio de la cuarentena se han tomado medidas para resguardar a la población carcelaria: suspensión de las visitas, desinfección de los calabozos, en algunos centros del país han realizado pruebas de despistaje, pero aún así siguen sin estar seguros y con la atención médica y de alimentación necesaria.

A inicio de abril la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, otorgó 1.373 libertades a presos mediante la figura del Régimen de Confianza Tutelado (RCT), contemplado en los artículos 161 y 164 del Código Orgánico Penitenciario.

El RCT establece que a los privados ya condenados, que cumplen con el tiempo para optar a algunas de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena y no les haya sido otorgada por los tribunales, el Ministerio de Servicio Penitenciario autorizará su libertad.

Otras 36 libertades han sido dadas a través de tribunales, para un total de 1.410 beneficios otorgados en los últimos 3 meses, según información recabada por los investigadores de Una Ventana A La Libertad, organización dirigida por Carlos Nieto Palma.

La mayoría de los casos de libertades otorgadas se confirmaron en los estados Carabobo, Miranda, Guárico, Falcón y Portuguesa. Los familiares han manifestado su rechazo, pues argumentan que la ministra de Servicio Penitenciario ha revisado expedientes de la población reclusa que estaban archivados, sólo por la llegada del COVID-19.

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