LA PRENSA DE LARA.- El régimen de Nicolás Maduro y Adolfo Pereira han pretendido presentar ante la comunidad nacional a los productores de café como delincuentes que estaban siendo solicitados por cometer delitos y que luego de un «arduo trabajo de inteligencia» fueron capturados y puestos a la orden de la justicia. NADA MÁS FALSO Y ALEJADO TOTALMENTE DE LA REALIDAD. Estas personas, oriundas del municipio Andrés Eloy Blanco, capital Sanare, son productores de café, luchadores sociales que participaron en una jornada de protesta para solicitar del régimen la fijación de un precio justo de lo que producen que es el café y otras reivindicaciones como suministro de insumos a precios accesibles, asistencia técnica, combustible y créditos para sembrar, lo que no pudieron conseguir sino la mentira y el engaño porque quienes están operando en la administración y fijación de estas políticas y precios son representantes, testaferros o socios de quienes comercializan el café, exportan el café o importan los insumos y el café en grano de Nicaragua, Brasil y Colombia, donde hacen grandes negocios con el precio internacional y aquí en Venezuela los precios de este rubro para los productores están por el suelo, mas no para los consumidores. Estas protestas fueron el 1 de noviembre y por presiones del PSUV dictaron orden de captura contra Alexandra Rojas, María Andreina Colmenarez, Rita Pérez, Melvin García, Eduardo Rodríguez, Julianny Alvarado, Luis Alvarado y Antonio Pineda, QUIENES SE PRESENTARON VOLUNTARIAMENTE A LOS TRIBUNALES, siendo que los cinco primeros, luego de reseñados, fueron mencionados en una publicación oficial COMO CAPTURADOS LO CUAL ES OTRA MENTIRA que trasmite intimidación, descalificación y terror para tratar de inhibir a los productores a que manifiesten, denuncien, reclamen o visibilicen los problemas que hay en Venezuela, en este caso con la siembra y producción de café. Estos detenidos son presos políticos, que hoy aún se encuentran privados de libertad en su casa y para quienes exigimos libertad plena.
Este caso es otra demostración fehaciente de que en Venezuela no hay estado de derecho y menos separación de poderes, lo cual caracteriza al régimen como una dictadura del siglo XXI, similar a lo que ocurre en Nicaragua en donde judicializan cualquier actuación de la sociedad para demandar libertad y abren expedientes con falsedades para imputar delitos inexistentes.
Esta es una violación flagrante a los derechos humanos de estos ciudadanos que debe ser documentada y enviada a los organismos internacionales.& ;
Por: Guillermo Palacios.& ;
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