Agatha Reyes | LA PRENSA DE LARA.- Venezuela se prepara para decidir su futuro en un ambiente político totalmente polarizado. En mesa, están servidas dos propuestas que serán materializadas en tan solo 31 días. Por un lado la oposición ha convocado al país a una Consulta Popular que tiene como finalidad conocer la postura de los ciudadanos y determinar si autorizan y respaldan las acciones nacionales e internacionales necesarias para lograr un cambio en la dirección del país.
Por otro, el gobierno de Nicolás Maduro da los últimos pasos para llevar a cabo unas elecciones parlamentarias altamente cuestionadas por la comunidad internacional y por la oposición mayoritaria del país, alegando que no hay garantías para que los venezolanos puedan hacer valer su voto de forma segura.
El politólogo Luis Salamanca, señala que en medio de un país convulsionado por la escasez de gasolina, fallas en el servicio de luz, escasez de gas y la galopante inflación que se ha devorado el salario del trabajador, aunado a la pandemia de la COVID-19, ambas propuestas tienen el reto de movilizar a una población que se ve sumergida en el desánimo, al no visualizar una opción que pueda producir cambios positivos.
«El desafío mayor está en Guaidó, pues la Consulta no cuenta con el nivel político equivalente a unas elecciones parlamentarias», dice Salamanca.
Esta propuesta hecha por la Asamblea Nacional será realizada en dos fases. Una donde la modalidad de participación será por la vía online, y será efectuada desde el 5 de diciembre (tan sólo un día antes de las elecciones parlamentarias) hasta el 12 del mismo mes, y otra presencial donde lo venezolanos podrán acudir el día 12 de diciembre a los más de siete mil puntos que serán habilitados.
Al igual que en un proceso electoral quienes participen deben ser mayores de edad, y podrán hacerlo incluso personas en el exterior, aspecto que Salamanca califica como una posibilidad de que pueda existir participación ciudadana, en la consulta que tendrá dos preguntas que son redactadas por la AN y el comité organizador.
Blanca Rosa Mármol de León, exmagistrada emérita del TSJ y miembro del comité organizador, precisó que la intención es lograr la mayor cantidad de manifestaciones de voluntad y que exista la presencia internacional que deje constancia de que el proceso se hace respetando las garantías y así ejercer el último recurso constitucional con características pacíficas, democráticas y electoral.
Para esto el comité ha establecido que se respetará el secreto de la manifestación de voluntad, la persona podrá participar una sola vez, además establecerán mecanismos de control para identificar anomalías en caso de ocurrir y la aplicación será auditable. La comunidad internacional no va a tener excusas, para no ayudar en Venezuela».