EFE | LA PRENSA DE LARA.- El militar venezolano Igbert Marín Chaparro, un teniente considerado preso político, levantó el pasado viernes, tras 67 días, la huelga de hambre que sostenía para exigir respeto a sus derechos, después de la «mejora de sus condiciones de reclusión», confirmó a EFE este domingo su padre, Igor Marín.
El padre del detenido detalló que se levantó la huelga de hambre el «viernes por la noche», después de que se «lograrán mejorar las condiciones en cuanto a las solicitudes o peticiones que se habían hecho y se consideraron», que incluían el respeto a sus derechos y poder recibir llamadas y visitas de sus familiares.
«La situación ha mejorado notablemente, eso hay que reconocerlo», destacó el padre del militar, quien indicó que este sábado tuvieron la oportunidad de visitar a su hijo -detenido desde marzo de 2018 en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)- para comprobar su estado de salud y las «secuelas» que presenta por los días sin consumir alimentos.
Subrayó que las conversaciones con organismos nacionales, la mediación de la iglesia católica y, más recientemente, la presentación que la hermana de Marín Chaparro pudo hacer del caso ante el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos (Acnudh), Volker Türk, quien estuvo de visita en Caracas esta semana, fueron «claves» para que las demandas se atendieran.
«Consideramos que mucho se logró con esa visita y esa conversación que hubo entre la familia y el alto comisionado», dijo.
En un comunicado difundido por la familia de Marín Chaparro se destacó que, tras la huelga de hambre, se logró «la presencia de representantes del Ministerio Público (Fiscalía), de la Defensoría del Pueblo» y «el compromiso de la las autoridades de mejorar las condiciones generales en el centro de reclusión» en el que se encuentra el miliar.
Marín Chaparro fue detenido en marzo de 2018 bajo acusaciones de liderar un complot contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El pasado 1 de diciembre, la abogada de Marín y miembro de la ONG Foro Penal, Stefania Migliorini, afirmó a EFE que al teniente se le violaban sus «garantías constitucionales cada día más».