Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Ataques de paramilitares y hasta el impedimento del ingreso de la ayuda humanitaria fueron las principales razones para que el gobierno venezolano desde agosto de 2015 empezara el bloqueo comercial con Colombia y a finales de 2019 terminó de restringir el acceso peatonal.
Octubre de 2021 empezó con ese anuncio de reapertura comercial, pero con incertidumbre ante la falta de explicación de las condiciones para que más allá de una medida con miras a las elecciones regionales, se mantenga en una política continua en garantía para comerciantes a 80% de la caída del mercado y de seguridad para migrantes o aquellos venezolanos que se exponen a hechos irregulares en las 56 trochas que permiten llegar al vecino país.
Las expectativas estaban centradas en hoy viernes con la apertura desde Ureña, aplaudiendo este reconocimiento oficial de ese impacto que se ha vivido desde la población. Sin embargo, ayer fue suspendida la medida.
Un día a día marcado por el esfuerzo de más de 1.800 venezolanos que salieron de manera forzada en busca de mejor calidad de vida en tierras colombianas, además de quienes lo tienen de tránsito y atraviesan para poder extender esa huida hasta Ecuador y Perú.
Toda una hazaña de quienes han podido sobrevivir a la fuerza de las aguas del río y senderos polvorientos kilométricos de amenazas por el posible ataque de grupos armados, pero sostenidos en la fe de poder ir y regresar con medicamentos o provisiones en víveres para poder subsistir.
«Nunca debió cerrarse y no debería ser solamente comercial», exclama el politólogo y experto en migración, Pavel Rondón, quien señala que lo principal debe ser la seguridad de los venezolanos para ofrecerles la garantía del libre tránsito frente a la necesidad desencadenada desde lo educacional, salud y alimentación.
Es ponerse en los zapatos de aquellos que deben ir a comprar y sin llegar a ser extremos con determinados casos humanitarios.
«Abrir sólo por Ureña, sería congestionar», advierte de lo que se puede generar de la desesperación de la gente, ansiosa por buscar esos artículos que no consiguen en Venezuela.
Todo en un contexto en pro de la liberación de los efectos de las diferencias entre los primeros mandatarios de ambos países, donde se tiene a Venezuela culpando de la incursión de supuestos grupos armados y desde la administración de Iván Duque, se conoce ciertas quejas por los inconvenientes de ese alto flujo de venezolanos indocumentados. Pero los adelantos colombianos ya venían desde junio de 2021, cuando decide abrir en progresivo sus fronteras fluviales y hasta admite la necesidad de contar con los consulados.
Ese río peligroso y de crecidas sorpresivas es lo que más lamenta Feijoo Colomine, miembro del Consejo Nacional de Frontera, al precisar que la medida debería ser como una apertura desde los derechos humanos y que empieza por la preservación de la vida. Además de recordar que se ha violado ese acuerdo a perpetuidad desde el período de Juan Vicente Gómez, cuando en 1927 se inaugura el Puente Simón Bolívar, reiterando la seguridad del traslado, sin interferencia de conflictos y ningún tipo de obstrucción.
También lamenta que no se ha cumplido la Ley Orgánica de Fronteras y que sólo se aprobó la reforma en mayo de 2021, recordando las competencias de los mandatarios regionales y locales en cuanto a la seguridad en dichos ámbitos.
Se trata de una estremecida que se venía su friendo con la inflación y emergencia humanitaria, pero que se complicó con la pandemia de covid 19.
Las consecuencias han sido inevitables, tanto que para Antonio Escalona, desde la Unión Agrícola y Ganadera de Los Andes (Unagandes), conoce del 92% de desnutrición comparado a índices africanos. Mientras el aparato agroproductivo se hunde a 84%, conociendo hasta de importación de maíz.
Para el economista, Dilio Hernández, se ha retrocedido a principio de los años 60, pasando de uno de los principales productores de petróleo a apenas un promedio de 300 mil barriles diarios.
Una debacle en bienes y servicios, que también arropó la minería e insumos para los productores, en una caída brutal del 80% del mercado y 20% subsistiendo por los «caminos verdes».
Las esperanzas se fijan en que no se trate de una medida electoral y se involucren a los actores, tipos de control y hasta la protección de productores con acceso a los recursos.