Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Al menos 43 funcionarios del Estado venezolano han sido detenidos en los últimos tres meses por estar inmersos en delitos, como tráfico de drogas, contrabando de combustible, extorsión, agavillamiento, peculado de uso, robo y enriquecimiento ilícito, según datos que ha publicado el Ministerio Público en su cuenta en Twitter. El gobierno de Nicolás Maduro creó la denominada «Operación Mano de Hierro» para desmantelar a la delincuencia organizada y a finales de enero cayeron las primeras víctimas que involucran a dos alcaldes chavistas, una diputada de la Asamblea Nacional, fiscales, concejales y hasta un general.
Para la politóloga, Marisol Bustamante, la medida se trata de una «simulación de la justicia» para hacer creer que en Venezuela se combate la corrupción y que el Ministerio Público actúa con total autonomía, justo cuando faltan dos meses para que el Estado presente avances ante la Corte Penal Internacional (CPI), sobre si ha investigado crímenes de lesa humanidad.
«Si bien los delitos de tráfico de drogas y contrabando de combustible no son crímenes de lesa humanidad, al Gobierno le interesa limpiar su imagen a nivel internacional. La realidad es que no se están haciendo investigaciones exhaustivas, porque en el caso del contrabando de combustible más de la mitad de los alcaldes deberían estar detenidos por el desvío que se hace de gasolina y gasoil al mercado negro, y eso no está ocurriendo», apuntó Bustamante, defensora de derechos humanos.
Dos duros golpes contra la delincuencia organizada recientemente ha anunciado Tarek William Saab, fiscal general de la República, el primero es la privativa de libertad el 28 de enero de la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, en Zulia, Keyrineth Fernández y la diputada nacional Taína González, además de Samuel Alvarado, de la Policía Municipal y los exdiputados Luis Viloria y Jeycar Pérez imputados por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, utilizando camionetas para transportar droga por todo el territorio y sacarla desde Falcón hacia el exterior. En el hecho, al menos han sido encarceladas 27 personas.
El otro caso mediatizado fue el 29 de enero, con la detención del alcalde chavista del municipio Independencia en Anzoátegui, Carlos Rafael Vidal Bolívar, el exburgomaestre Daniel Haro Méndez, Manuel Junir Gil Da Silva, fiscal superior del estado Bolívar, Jorge Peñ;a, fiscal superior de Delta Amacuro y el general de división, Marco Tulio Álvarez Reyes, jefe de la ZODI Anzoátegui por desviar y comercializar gasolina para abastecer a grupos irregulares dedicados a la minería ilegal.
