EFE | LA PRENSA DE LARA.- Las autoridades venezolanas detuvieron este lunes durante varias horas al periodista Luis López cuando cubría una protesta con motivo del Día Internacional de la Mujer en el casco central de la localidad de Maiquetia, próxima a Caracas, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
López, que trabaja en el diario La Verdad de Vargas, fue detenido al mediodía y golpeado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que lo trasladaron al Comando de Destacamento de Seguridad Urbana de Maiquetía, detalló el SNTP en Twitter.
Los funcionarios policiales indicaron a las mujeres que se estaban manifestando que se retiraran del lugar o serían detenidas «y exigieron a López que borrara el material que había grabado con su teléfono», detalló el sindicato.
Entonces, el periodista se negó a borrar el material, fue golpeado por los miembros de la GNB y le quitaron el teléfono móvil.
Las mujeres que protestaban se trasladaron al mando policial y exigieron la puesta en libertad de López.
En un vídeo que acompaña la denuncia, puede verse que un grupo de mujeres que se concentró frente al centro policial les espetó a los agentes que deberían de protegerlas a ellas y no detener al reportero.
Otra manifestante les dijo que detener a un periodista de ese estado, conocido oficialmente como La Guaira aunque muchos de sus residentes le llaman Vargas, como se denominaba hasta 2019, «es una falta de respeto».
«Eso sí es un delito, un delito que están cometiendo ellos«, aseguró.
Además, les dijeron a los policías que no se iban a mover hasta que le entregaran a López.
Cerca de las 16:30 (21:30 GMT), el periodista fue liberado «tras más de cuatro horas de detención injusta», destacó el SNTP.
«Debió firmar un documento donde exime de cualquier responsabilidad a la GNB. Su teléfono celular le fue devuelto dañado», agregó el sindicato.
Según datos de la ONG Espacio Público, 110 personas fueron detenidas arbitrariamente en 2020 por buscar o difundir información. El 32 % de las víctimas eran particulares, el 30 % periodistas o reporteros y el 14 % trabajadores públicos.
Con información de: EFE