Agencias | LA PRENSA DE LARA.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes al gobierno de Nicolás Maduro por dos ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el 2003, cuando Hugo Chávez era presidente de Venezuela. Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y Ramón Antonio Molina Pérez fueron asesinados por fuerzas de seguridad del Estado.
La CIDH señaló que el Gobierno violó «los derechos a la vida, a la integridad personal los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial» de Guerrero Meléndez y Molina Pérez, según reseña .
«El 30 de marzo de 2003 Jimmy Guerrero y su pariente Ramón Molina fueron ejecutados extrajudicialmente a manos de agentes de la policía en el estado Falcón. Previamente el primero, de veintiséis años de edad al momento de su muerte, fue víctima de hostigamiento, detenciones ilegales y arbitrarias y actos de tortura cometidas por fuerzas policiales», dice el documento oficial publicado por la CIDH.
Guerrero Meléndez fue detenido arbitrariamente y luego torturado por la policía, quien lo tildaba de ser una persona «antisocial» y «peligrosa». La CIDH determinó que el accionar de las fuerzas de seguridad estuvo motivado por preconceptos sobre la supuesta peligrosidad de un hombre joven en situación de pobreza.
«A su vez, la Corte estableció que, luego del asesinato, los funcionarios policiales demostraron un grave ensañamiento contra el cuerpo del señor Guerrero, lo que se comprende como una manifestación de la violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza, así como la convicción de los agresores de que ello quedaría en la impunidad», dice la CIDH en la sentencia.
Y agregó: «En efecto, el Tribunal señaló que el Estado incumplió con sus obligaciones derivadas de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación de los hechos cometidos contra Jimmy Guerrero antes de su muerte. Llegó a la misma conclusión en relación con el modo en que se realizaron las investigaciones de los hechos que derivaron en las muertes de los señores Guerrero y Molina, que luego de más de 14 años no arribaron a la determinación de las responsabilidades correspondientes».
Por otra parte, a comienzos de julio, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalló que el sistema de abusos y torturas aplicado por el gobierno de Nicolás Maduro a la población pero, sobre todo, a la disidencia opositora sigue vigente en Venezuela.
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